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09/08/2025

Impuestos, Presupuesto y privatizaciones: cuáles son las 12 medidas económicas a las que se comprometió el Gobierno con el FMI

Fuente: telam

Se desarrollarán desde el mes que viene hasta fines de 2026. Si bien no son obligatorias a cambio de desembolsos, como las reservas o el superávit, para el Fondo Monetario son fundamentales para el desarrollo del programa

>El Gobierno nacional se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a una batería de reformas estructurales que abarcan desde cambios en el régimen tributario y el gasto público hasta privatizaciones, revisión del sistema de coparticipación y mayor eficiencia administrativa. Así lo detalla el staff report del organismo, que acompañó la aprobación del desembolso más reciente y establece una hoja de ruta hacia adelante.

Uno de los pilares del programa es el diseño de un marco fiscal de mediano plazo, que deberá presentarse junto con el proyecto de ley de En esa misma línea, el Gobierno también deberá enviar al Congreso, antes de fin de 2026, un proyecto de ley para incorporar formalmente una regla de equilibrio fiscal dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta norma incluiría metas de deuda y posibles cláusulas anticíclicas. “Una regla explícita de déficit cero permitirá fortalecer la credibilidad y previsibilidad del programa fiscal”, sostuvo el FMI.

La hoja de ruta acordada con el organismo incluye además una reforma tributaria integral, a presentarse antes de diciembre de 2025, una fecha que ya había sido anticipada anteriormente por el equipo económico. El plan apunta a eliminar impuestos distorsivos, racionalizar el gasto tributario en el IVA y revisar tributos especiales y sobre transacciones financieras. El documento señala que esta revisión debe contemplar “la equidad del sistema y la reducción de la dependencia de tributos sobre el comercio exterior”.

En el plano institucional, se iniciará un proceso de revisión del régimen de coparticipación entre Nación y provincias. Aunque sin fecha límite establecida, esta reforma apunta a “alinear mejor los incentivos fiscales y reducir rigideces presupuestarias”, según el organismo. A tratarse de una reforma que deberá contar con algún tipo de consenso con los gobernadores, es uno de las reformas más complejas entre las planteadas en el organismo.

El acuerdo incluye también una revisión integral del gasto primario, que deberá completarse hacia diciembre de este año. El objetivo es detectar áreas donde mejorar la eficiencia del gasto y posibles reasignaciones, en especial para proteger las partidas sociales prioritarias. Este análisis servirá, también, como insumo técnico para el Presupuesto 2026, que será presentado a mediados de septiembre.

Otro de los puntos acordados implica el cierre de fondos fiduciarios que se financian con recursos del Tesoro. La meta planteada incluye el cierre de todos esos fideicoimisos, salvo uno, antes de fin de año. El que sobreviviría a la “motosierra” será el que financia subsidios para el consumo de gas residencial de zonas frías del país. El informe señala que 29 de los 32 fondos ya fueron eliminados o reformulados y que el proceso “progresa más rápido de lo previsto”.

Otras medidas son, más bien, administrativas y tienen menos peso político o presupuestario. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a ampliar la cobertura del sistema integrado de información financiera (SIDIF) a todas las agencias y entidades descentralizadas de la administración central, un insumo para la gestión diaria del Estado. Perseguiría, como objetivo, mejorar la gestión de caja chica.

Además, se profundizarán reformas en la administración tributaria, en base al diagnóstico realizado bajo la “metodología TADAT” (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), una herramienta que desarrolló el FMI y otros organismos para evaluar la eficacia tributaria de un país. El programa incluye mejoras en la gestión de riesgos de cumplimiento y simplificación de procesos para monotributistas y trabajadores autónomos. El FMI considera que esta modernización es clave para “ampliar la base de contribuyentes y mejorar la eficiencia recaudatoria”.

Por último, el Gobierno deberá realizar una evaluación de los efectos que podrían tener las reformas en marcha sobre el gasto social y la masa salarial. La idea es garantizar que los cambios estructurales no afecten de forma negativa a los sectores más vulnerables ni al funcionamiento básico del Estado.

Fuente: telam

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