>El debate por el ordenamiento del tránsito en Quilmes terminó desbordando el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y se convirtió en un conflicto político y social de alto voltaje.

En el centro de la polémica quedó el lugar que el proyecto reserva para los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, y el cruce público entre la intendenta Mayra Mendoza y el dirigente social Juan Grabois.

La iniciativa oficial propone una transformación integral del esquema de tránsito y estacionamiento en Quilmes, Bernal y Quilmes Oeste. El texto unifica tres sistemas que serán concesionados en bloque por un plazo de diez años: el SEMM, el Sistema Municipal de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito (SMDEIT) y el Sistema de Control y Pesaje de Vehículos de Transporte de Carga (SCPVTC).

La concesión se definirá mediante licitación pública y el municipio percibirá un canon por la explotación del servicio. El valor del pliego fue fijado en tres millones de pesos.

El proyecto establece zonas precisas donde funcionará el SEMM, con días y horarios definidos: de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 14, excluyendo domingos y feriados.

También fija un plazo de gracia de diez minutos para registrar el pago y un esquema de sanciones para quienes incumplan, que puede incluir multas equivalentes a entre 100 y 200 horas de estacionamiento.

El SEMM se aplicará en las siguientes zonas específicas:

Bernal Centro: Avenida San Martín entre Avenida Avellaneda y Avenida Zapiola; Avenida Zapiola entre Avenida Belgrano y Avenida San Martín; Avenida Belgrano entre Avenida Zapiola y Don Bosco; Don Bosco entre Avenida Belgrano y Lavalle; avalle entre Don Bosco y Avellaneda; Avenida Avellaneda entre Lavalle y Avenida San Martín.

Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, el foco del conflicto se concentró en cómo la ordenanza impacta sobre quienes hoy se ganan la vida cuidando autos en la vía pública. Desde el Ejecutivo municipal aseguran que el proyecto no criminaliza a los cuidacoches ni desconoce su situación laboral, pero sí descarta un punto central que reclaman organizaciones de la economía popular: la adjudicación directa del servicio a una cooperativa.

Lo que el gobierno local rechaza es la idea de otorgar el control del estacionamiento medido a una organización específica sin un proceso competitivo. “La decisión es llamar a licitación para que cualquiera que cumpla con el pliego pueda presentarse”, remarcaron desde la Intendencia.

Juan Grabois, referente del MTE y aliado histórico del oficialismo nacional, apuntó directamente contra la gestión de Mayra Mendoza. En mensajes publicados en redes sociales, acusó al gobierno municipal de habilitar la represión policial para imponer una “privatización amañada” del estacionamiento medido y cuestionó la falta de diálogo con los trabajadores. Sus declaraciones incluyeron duras críticas al accionar policial y un reclamo por la liberación de personas detenidas durante los incidentes, entre ellas una trabajadora de prensa.

Para el oficialismo local, la implementación de tecnología para el control del tránsito y el estacionamiento es parte de un plan integral que busca reducir la congestión, mejorar la seguridad vial y transparentar un servicio que hoy funciona de manera informal.

El choque entre ambas miradas dejó al descubierto una disputa más profunda sobre cómo integrar a los trabajadores informales en políticas públicas de modernización urbana. Mientras el Concejo Deliberante se prepara para definir el futuro de la ordenanza, el conflicto ya trascendió lo local y expuso tensiones políticas dentro del propio campo oficialista. En Quilmes, el debate por los “trapitos” se convirtió en un símbolo de una discusión mayor: orden y control estatal versus inclusión social y trabajo popular.

Fuente: telam