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16/10/2025

Grave denuncia contra la dictadura cubana: cuatro personas murieron en las cárceles de la isla en septiembre

Fuente: telam

El Centro de Documentación de Prisiones remarcó el incumplimiento de las obligaciones estatales y las violaciones a los derechos humanos de los reclusos

>El Según el informe de la ONG, se identificaron en el mes >Entre los casos reseñados aparece el de Alfredo Ulecia Planche, conocido como “Alfredito”, quien cumplía una condena de 25 años en la Prisión Provincial de Guantánamo y trabajaba en la cocina del penal. Acusado por otro interno de vender alimentos, las autoridades penales lo apartaron de su cargo.

Otros internos dieron la alerta, pero las autoridades le comunicaron a su familia que la muerte sucedió por “sobredosis”, diagnóstico “incompatible con las circunstancias del hecho”, según el centro.

Otro caso mortal fue el de Ezequiel Aleixi Figueroa Mesa en el campamento de trabajo forzado Bungo 8 en Santiago de Cuba. Las autoridades informaron que se trató de un suicidio, mientras que los familiares denunciaron signos de violencia física y contradicciones en la información oficial, apuntando a posibles manipulaciones y falta de transparencia.

Las muertes de Roberto “El Nene” (Prisión Provincial de Granma) y Leudis Ramos Mejías (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), también catalogadas como suicidios, evidenciaron omisiones estatales en la prevención de intentos previos o el seguimiento de cuadros depresivos.

El informe subrayó que uno de los fallecidos había intentado suicidarse antes sin recibir seguimiento psicológico y otro convivía con depresión sin acceso a atención médica ni protección.

Los eventos fueron registrados en 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La mayoría de los hechos se concentró en La Habana, Santiago de Cuba y Pinar del Río, especialmente en las instalaciones Combinado del Este, Mar Verde, la Prisión Provincial de Pinar del Río y Agüica.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas identificó a por lo menos 55 personas (cinco mujeres y 50 hombres) como víctimas directas de violaciones, y ocho denuncias documentadas involucraron afectación a poblaciones enteras de determinados penales.

El informe reseñó también la identificación total o parcial de 14 implicados directos, de los cuales ocho son funcionarios penitenciarios, cuatro oficiales de la seguridad del Estado y dos internos colaboradores.

Una de las formas de castigo documentadas fue el encierro en celdas de aislamiento en condiciones degradantes. El documento asegura que “estas prácticas constituyen una violación directa de los estándares nacionales e internacionales que prohíben el uso abusivo del aislamiento como forma de castigo”.

También hubo actos simbólicos, como el afeitado del cabello y cejas de Maykel Castillo Pérez y otros presos. Las causas de las protestas incluyeron denuncias por golpizas, demoras en juicios, permanencia tras cumplimiento de sanción, y exigencias de libertad para presos políticos.

En represalia por las protestas, se documentó el confinamiento en celdas de castigo bajo condiciones degradantes, como la reclusión de internos completamente desnudos, el aislamiento prolongado y restricciones de visita.

Varias víctimas denunciaron amenazas directas contra su vida. En palabras recogidas por el Centro, un carcelero del Combinado del Sur (Matanzas) advirtió a Oscar Sánchez Madan que podría sufrir daños físicos por sus denuncias, mientras que un oficial de la policía política en Kilo 8 (Camagüey) le comunicó a Amaury Díaz García que podía morir de ser necesario como castigo por sus denuncias.

La organización puntualizó que en algunos casos los ataques provinieron de presos comunes colaboradores, quienes recibieron protección e impunidad a cambio de ejecutar represalias para las autoridades.

Fuente: telam

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