03/05/2025
Los recolectores informales en Brasil protestan contra un decreto que permite la importación de residuos
Fuente: telam
Mientras tanto, el país lucha por deshacerse de los vertederos ilegales
>Tres meses después de la aprobación de la Ley 15.088, que prohíbe la importación de residuos sólidos en Brasil, el presidente Lula firmó el Decreto 12.438, que introduce 20 excepciones a la norma. Esto provocó protestas del movimiento de los llamados catadores en portugués, o recolectores de materiales reciclables, que exigieron la revocación del decreto, por considerar que devalúa el material nacional y pone en riesgo sus empleos.
Si hasta ahora la categoría de los recolectores ocupa uno de los peldaños más bajos de la escala social brasileña, con este decreto corren el riesgo de caer aún más bajo.
El decreto permite la importación de determinados tipos de materiales, como vidrio, plástico PET, papel, cartón, caucho y metales, respondiendo así a demandas precisas de la industria. Según la Asociación Brasileña de la Industria del PET (Abipet), sólo se importaría un tipo concreto de escamas de plástico, lo que no repercutiría en el trabajo de los recolectores de residuos brasileños. En 2024, según Abipet, se importaron 37.000 toneladas de este plástico, mientras que en Brasil se reciclaron 410.000 toneladas de PET. También sobre el vidrio, la industria nacional señaló que el tipo de vidrio cuya importación ha sido autorizada ha representado menos del cinco por ciento de las 360.000 toneladas de vidrio reciclado en el país en los últimos años.
“Este tipo de vidrio incoloro sigue siendo arduo de conseguir en Brasil, y la demanda ha crecido. Sin embargo, no pedimos que se convierta en una fiesta sin reglas”, afirmó Lucien Belmonte, presidente ejecutivo de la Asociación Brasileña de Industrias del Vidrio (Abividro), en respuesta a las críticas. La cuestión del reciclaje de la basura es de notable actualidad en el gigante latinoamericano, donde se producen anualmente unos 80 millones de toneladas de residuos, pero solo se recicla el 8%. El principal problema es que no hay recogida selectiva ni infraestructuras para clasificarlos. En su lugar, existe un mercado paralelo que garantiza la supervivencia de miles de personas, es decir, los recolectores que realmente clasifican los residuos para revenderlos. “No podemos decir que falte material para reciclar en Brasil, sino que faltan infraestructuras e inversiones para un sistema eficaz de recogida y clasificación, con la inclusión de los recicladores, capaz de responder a las necesidades de la industria del reciclaje y reducir la cantidad de residuos que se depositan en vertederos cada año”, declaró a Folha de São Paulo Dione Manetti, presidenta del Instituto Caminos Sostenibles y responsable técnica del Anuario del Reciclaje.Mientras tanto, el lunes está prevista una reunión ministerial entre las asociaciones del sector y los representantes ministeriales. Algunos de ellos, como Adalberto Maluf, secretario nacional de Medioambiente Urbano y Calidad Ambiental, creen que hay margen para mejorar el decreto. “Tenemos la opción de revocar el decreto, revocar la lista de excepciones a la prohibición o eliminar de ella lo que han pedido los recolectores de residuos, es decir, vidrio, plástico, papel y cartón”, dijo Maluf. Y si el problema inmediato es preservar las ya míseras ganancias de los recolectores, la cuestión de los residuos ha sido hasta ahora uno de los capítulos más difíciles para cualquier gobierno brasileño, incluso el de Lula, a pesar de su agenda verde, sobre todo con vistas a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), que tendrá lugar en Belém, en el estado amazónico de Pará, el próximo noviembre.Los vertederos ilegales también fomentan el tráfico de residuos tóxicos, cuya eliminación sigue siendo un grave problema en Brasil. Por ejemplo, en febrero de 2023, la Marina brasileña hundió en el océano Atlántico el antiguo portaaviones São Paulo, que contenía unas 9,6 toneladas de amianto y cientos de toneladas de pintura y materiales tóxicos. La decisión fue duramente criticada por ecologistas y fiscales federales, que denunciaron el riesgo de graves daños al ecosistema marino y la posible violación del Convenio de Basilea sobre eliminación de residuos peligrosos. En el pasado, la organización no gubernamental estadounidense Pure Earth, que se ocupa de los daños causados por la contaminación tóxica, puso en marcha el Proyecto de Investigación de Emplazamientos Tóxicos (TSIP), creando una base de datos de emplazamientos tóxicos sobre el estado de San Pablo. En total se evaluaron 23 lugares. El plomo fue el contaminante encontrado con más frecuencia, presente en 11 emplazamientos. Otros contaminantes detectados fueron metales pesados tóxicos como el mercurio, el arsénico y el cadmio, y los denominados contaminantes orgánicos persistentes (COP), como los pesticidas. Se calcula que la población total que se vio afectada en estos lugares fue de 87.363 personas.
Entre las propuestas de los últimos años figuran la creación de consorcios intermunicipales para compartir instalaciones de tratamiento y el aumento de los incentivos federales para el cierre de los vertederos ilegales. Un ejemplo positivo es el estado de Sergipe, en el noreste del país, que ha iniciado recientemente un ambicioso programa para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos. En 2022, gestionó aproximadamente 7.424 toneladas de residuos sólidos urbanos. El objetivo es duplicar esta cifra hasta al menos 15.000 toneladas en 2026 mediante inversiones en infraestructuras y tecnología para la recogida selectiva y el reciclaje. El proyecto forma parte del programa “Sergipe más próspero y sostenible”, apoyado con fondos del Banco Mundial, pero no se limita a la gestión de residuos. De hecho, también incluye la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos, con el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 5,4 MW para 2026, así como la mejora del acceso a los servicios de saneamiento, aumentando la cobertura hasta al menos el 50% para el próximo año.Fuente: telam
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