>El Desierto de Atacama enfrenta una emergencia ambiental por la acumulación masiva de ropa usada importada, fenómeno que ha puesto en el centro del debate a la industria textil mundial, los sistemas regulatorios y la responsabilidad estatal. Un fallo judicial inédito en Chile obligó al Estado a reparar los daños ecológicos, mientras organizaciones, asociaciones comerciales y voces del sector productivo reclaman soluciones ante la expansión del problema.

En este contexto, organizaciones ambientalistas y entidades científicas han presentado estudios que advierten sobre los riesgos que implica la acumulación y quema de residuos textiles en el Desierto de Atacama. El empresario argentino Guillermo Whpei, a través de la Fundación para la Democracia Internacional, fue uno de los encargados de visibilizar esta situación y ahora busca que el estado chileno cumpla con el fallo que lo obliga a presentar un plan y tomar medidas para reparar el daño ambiental causado por la industria textil.

Además, organizaciones internacionales como Greenpeace y voces del ámbito académico han desarrollado campañas para visibilizar la problemática, subrayando la necesidad de una gestión responsable de los residuos textiles y una regulación efectiva que garantice la protección de los ecosistemas vulnerables. Informes de medios internacionales como la BBC han recogido testimonios de habitantes de las zonas afectadas, exponiendo el deterioro ambiental y social que genera la acumulación de textiles en el desierto.

El costo de las prendas usadas importadas, que ronda los 1,2 dólares por kilo, resulta mucho menor que el de la indumentaria nueva, cuyo valor promedio supera los 18 dólares por kilo. Comerciantes y representantes del sector textil argentino advierten que el diferencial de precios agudiza la competencia desleal y pone en riesgo empleos en la industria local, un reclamo que se repite en foros empresariales y gremiales. La liberalización del mercado, sumada a la falta de controles estrictos en fronteras y el auge del comercio informal, profundiza un circuito donde los textiles descartados pueden terminar en vertederos sin gestión ambiental adecuada.

El proceso judicial abrió una nueva etapa de reclamos. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló la sentencia ante la Corte Suprema, alegando vicios formales y errores de derecho en el dictamen. Mientras se resuelve el recurso, distintos actores sociales y ambientales insisten en la necesidad de avanzar con las medidas exigidas por la resolución. Desde el sector ambiental, se subraya que la acumulación de ropa usada convertida en desecho representa una amenaza para la salud pública, la biodiversidad y la calidad ambiental regional.

El debate sobre la importación y destino de la ropa usada involucra a gobiernos, empresas, organizaciones sociales, comunidades locales y referentes de la industria textil. Las demandas se centran en la implementación de políticas públicas integrales que aborden el ciclo completo de los residuos: desde la producción y el consumo hasta la disposición final y la restauración de los ambientes degradados. La resolución definitiva del caso Atacama sigue pendiente, mientras las montañas de prendas continúan creciendo y el reclamo por una solución efectiva se intensifica.