En línea con esto, la normativa especificó que el reporte de operaciones sospechosas de financiamiento de la proliferación debe realizarse sin demora, con un plazo máximo de 24 horas desde la realización o tentativa de la operación.

Por otro lado, el reglamento contempló la necesidad de aplicar un congelamiento administrativo inmediato sobre los bienes o activos involucrados en este tipo de operaciones. Esta medida implicará la inmediata inmovilización y la prohibición total de disposición, transferencia o manejo de los activos, ya sean tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, físicos o digitales.

La resolución señaló que, una vez notificados del congelamiento, los sujetos obligados tienen la responsabilidad de cotejar sus bases de datos, informar sobre operaciones previas y posteriores realizadas con los individuos o entidades sancionadas, y mantener bloqueados todos los bienes o activos detectados durante la vigencia de la medida.

Durante la ejecución de la medida, los sujetos obligados deben abstenerse de avisar a los clientes o terceros sobre la naturaleza y los antecedentes del congelamiento. Según la disposición, solo se puede informar que los bienes se encuentran “congelados en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 26.734, en el Decreto N° 918/2012 y sus modificatorios, y en la presente resolución”.

El incumplimiento de estas obligaciones derivará, de acuerdo con el artículo 11 de la resolución, en la aplicación de sanciones contempladas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones. Estas podrían ir desde multas económicas hasta una inhabilitación por cinco años.