>La semana pasada, el pleno del Senado brasileño votó con 48 votos a favor y 25 en contra el proyecto de ley de dosimetría. Como sugiere la palabra, el texto “dosifica”, alterándolos, los criterios para la aplicación de las penas en el sistema penal del país latinoamericano. El efecto inmediato, si el proyecto de ley no es vetado por el presidente Lula, será reducir las condenas impuestas a los bolsonaristas que participaron en la invasión de los edificios institucionales el 8 de enero de 2023. El principal beneficiario será, en cualquier caso, el expresidente Jair Bolsonaro, que debe cumplir una condena de 27 años y 3 meses por varios delitos, entre ellos el intento de golpe de Estado. Según el proyecto de ley de dosimetría, su pena se reduciría a 22 años y 1 mes y, sobre todo, el expresidente podría solicitar el régimen de prisión semiabierto tras cumplir unos 3 años y 8 meses. Además, este período podría acortarse aún más gracias a la deducción de días de pena por actividades de estudio y a un posible cómputo de la prisión preventiva ya cumplida, relacionada, sin embargo, con la investigación abierta después de que manipulara su tobillera electrónica de vigilancia mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. El proyecto de ley de dosimetría entierra definitivamente el más radical, defendido con fuerza por los hijos de Bolsonaro, el de la amnistía que habría permitido a su padre incluso volver a presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.

El proyecto de ley de Dosimetría propone cuatro modificaciones principales al sistema penitenciario y de ejecución de penas. En primer lugar, prohíbe la acumulación de condenas, es decir, la suma de las penas por delitos cometidos en el mismo contexto, y prevé una reducción de la sanción de hasta dos tercios para quienes hayan actuado en un “contexto masivo”, es decir, junto con muchas otras personas, como ocurrió precisamente en los hechos del 8 de enero, siempre que no hayan desempeñado funciones de liderazgo o financiación. Por último, restablece la norma general que permite beneficios, como la libertad anticipada tras cumplir 1/6 del tiempo de condena, y autoriza la deducción de días de pena por estudios o trabajo, incluso si el caos cumple la condena bajo arresto domiciliario.