>El capítulo 11 del Presupuesto 2026 reunió algunos de los artículos más discutidos del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Allí se incluyeron disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial, además de cambios que ampliaban las facultades del Ejecutivo.

Según el texto enviado por el Ejecutivo, el capítulo XI incorporó demandas de aliados parlamentarios, como los fondos que Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamados por Jorge Macri, junto con modificaciones en la ley de zonas frías, recursos para la Justicia y la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo.

“Por el articulado tiene que ir en el artículo 2, no tiene nada que ver con el capítulo 11. Tenemos que ser un poco más leales y decir ‘esto va acá y esto va allá’. El PRO va a votar en general y en particular, pase lo que pase”, manifestó el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, visiblemente molesto con la maniobra de los libertarios.

Uno de los ejes centrales fue la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada a mitad de año como respuesta al ajuste sobre las universidades públicas. La norma garantiza fondos para funcionamiento, salarios docentes y no docentes, becas, hospitales universitarios e investigación, además de establecer actualizaciones por inflación y tipo de cambio y mecanismos de control estatal.

También se incluyó la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esa norma obliga al Estado a garantizar tratamientos, actualizar aranceles profesionales, sostener instituciones, cubrir transporte y mantener pensiones y cupos laborales. El intento de eliminarla dentro del capítulo XI volvió a encontrar resistencia en el recinto y la emergencia continuó vigente. En ese marco, la Agencia Nacional de Discapacidad quedó obligada a informar sobre la ejecución de su presupuesto.