>La evolución del proyecto de reforma laboral tuvo un desenlace inesperado. El Gobierno consiguió un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del Senado pero la negociación parlamentaria y la particular relación de fuerzas entre el gobierno y la oposición determinó que el proyecto será llevado al recinto recién en febrero.

“La respuesta está en el propio proyecto de ley”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez. Según explicó, la iniciativa que se analiza en el Senado “establece para estas exenciones en el impuesto a las ganancias que van a tener efecto a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, si el proyecto finalmente se convierte en ley en febrero, en marzo o más adelante, no importa. Las exenciones se van a aplicar en forma retroactiva al 1 de enero de 2026, siempre que el Congreso apruebe el texto actual”.

No obstante ese principio legal, Domínguez señaló que para aquellos que tienen que tomar una decisión de inversión en base al diseño de la ley es recomendable tomar una postura más cautelosa, ya que las decisiones políticas, tales como las que involucra el tratamiento de una ley, son difíciles de prever.

El tributarista explicó que “si bien se entiende que el Gobierno va a poder lograr la aprobación del proyecto, siempre está la posibilidad de que pueda haber modificaciones”.

El texto de la reforma introduce varias modificaciones en el impuesto a las Ganancias. A partir de los ejercicios fiscales que inicien desde el 1 de enero de 2025, los quebrantos impositivos podrán actualizarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permitirá a las empresas ajustar sus pérdidas fiscales a la inflación.

En cuanto a los intereses de depósitos a plazo fijo en monedas distintas al peso, se dispone la exención de los rendimientos obtenidos tanto para personas humanas como para sucesiones indivisas. Además, se eximen las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles destinados a casa habitación, aunque se elimina la posibilidad de deducir el 10% del total de alquileres devengados para el locador.

También quedarán exentos los resultados provenientes de la venta de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles adquiridos desde el 1 de enero de 2018. Esta modificación impacta tanto a personas humanas como a empresas que realicen operaciones inmobiliarias bajo las condiciones establecidas.

El proyecto también contempla el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que tiene como objetivo promover inversiones nacionales y extranjeras en Argentina, con el fin de estimular el desarrollo económico, la competitividad y las exportaciones. Está dirigido a personas jurídicas y humanas con renta empresaria que califiquen como micro, pequeñas o medianas empresas (tramos 1 y 2), y contempla inversiones realizadas durante los dos primeros años de vigencia del régimen.

Los montos mínimos varían: USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas empresas, USD 3,5 millones para medianas empresas tramo 1 y USD 9 millones para tramo 2.

Fuente: telam