Uno de los focos principales planteados por Ottaviano fue la “descentralización de la negociación colectiva”. Según explicó, esto significaría que la negociación colectiva de actividad podría ser “perforada” si la misma empresa acuerda condiciones laborales inferiores a las que fija el convenio sectorial.

Y amplió: “Se proyecta que la negociación colectiva de actividad pueda ser perforada, es decir, contenga peores condiciones en la negociación colectiva de empresa. Esto no solo debilita a los sindicatos, sino también a los trabajadores en su conjunto, porque la regla vigente es que los acuerdos de empresa solo pueden mejorar las condiciones del convenio de actividad. Esa regla se invierte”, subrayó.

Respecto a las asambleas gremiales, Ottaviano advirtió: “Se prevé sancionar a los trabajadores que participen de asambleas que no hayan sido permitidas por los legisladores. Esto genera una complicación clara tanto para los trabajadores como para los sindicatos”.

El letrado añadió que el proyecto también extiende el carácter de “servicios esenciales” a la mayoría de las actividades económicas, lo que tendría como efecto inmediato limitar el derecho de huelga. Sobre este punto, fue categórico: “Esto sobrepasa largamente los estándares de la OIT, que solo permite limitar el derecho de huelga a actividades que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. La educación no es un caso en el que debería considerarse esencial. Así, se obliga a garantizar guardias mínimas en actividades que no lo ameritan, como si las escuelas fueran hospitales”, remarcó.

En su análisis, Ottaviano profundizó sobre los puntos referidos a la ultraactividad de los convenios colectivos: “El proyecto pretende que caigan los acuerdos y convenios colectivos ligados a las cuotas solidarias, lo que afectaría los recursos tanto de los sindicatos como de las cámaras empresarias”. En este sentido, sostuvo que las posibles disputas que surgirán de estas modificaciones probablemente terminen en la Justicia, lo que suma incertidumbre a todo el sistema laboral.

Al ser consultado sobre el tratamiento de las indemnizaciones en el proyecto, Ottaviano aclaró: “No se incluyó el fraccionamiento en cuotas largas de las indemnizaciones, como se había pensado. Pero sí hay un ajuste en la base de cálculo, con una mayor previsibilidad en los ítems que pueden tenerse en cuenta al calcular la antigüedad, que es el componente más importante a la hora de sumar la indemnización final. Se deja fuera de la base las vacaciones, los aguinaldos y los adicionales. Esto ya estaba previsto desde 2004, pero algunos jueces consideraban otros rubros como salario. Aquí hay un intento de discutir con los jueces más que de mejorar la ley”.

El abogado advirtió que este ajuste en la base de cálculo podría tener un efecto limitado: “Puede evitar por un tiempo que algunos jueces confirmen la jurisprudencia que otorga indemnizaciones elevadas, pero esto ya está en la ley. Esto resetea los mismos criterios, pero los jueces pueden seguir interpretando y hasta declarar inconstitucional una norma si lo estiman necesario. No es privativo de la justicia del trabajo”, aseveró.

Sobre el argumento instalado por el sector empresarial acerca de que la reforma bajará los niveles de litigiosidad laboral, el especialista fue tajante: “La litigiosidad relacionada a despidos es ínfima frente al total de causas laborales. El 80% de los litigios laborales en Argentina tienen que ver con los riesgos del trabajo, la reparación de accidentes y enfermedades profesionales, según las estadísticas. La ley de riesgos del trabajo es de 2017 y es la que más juicios genera, y sobre este punto el proyecto no modifica nada”, sostuvo.

La posible reacción de la Justicia frente a estas disposiciones fue un punto destacado por Ottaviano, quien anticipó: “Creo que muchas de estas medidas van a terminar judicializándose. Hay confusión y superposición de regulaciones. Hasta que el Parlamento no lo trate y la Corte eventualmente no lo revise, será un tema de interpretación. Hay distintas maneras de atacar los recursos de los sindicatos, y este proyecto avanza en todas”.

Analizando la estrategia oficial, fue contundente: “Hasta último momento parecía buscar avales o instancias de diálogo, incluso privadas, pero por varios motivos no había forma. El Gobierno va a todo o nada en el intento de desarticular la negociación colectiva, el poder sindical y la representación de trabajadores y cámaras empresarias”, remarcó.

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• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Fuente: telam