>La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) finalizó una auditoría que cuestiona con gravedad el funcionamiento del PROCREAR II durante los años 2021 a 2023, un período en el que el programa dependió del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat —primero conducido por Jorge Ferraresi y luego por Santiago Maggiotti, durante el gobierno de Alberto Fernández— y quedó finalmente desmantelado tras el Decreto 70/2025, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Economía Luis Caputo. El documento, de más de 200 páginas, revela que el mayor programa habitacional del país operó durante años sin los controles mínimos para garantizar transparencia, trazabilidad, recupero y correcta aplicación de fondos públicos.

En noviembre de 2024, el Gobierno dictó el Decreto 1018/2024, que disolvió el fondo fiduciario público que administraba PROCREAR. En 2025, a través del Decreto 70/2025 se disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda —la dependencia del Estado que gestionaba PROCREAR II y otros programas habitacionales— como parte de una reestructuración, impulsada por La Libertad Avanza desde la Casa Rosada.

Según los comunicados oficiales y los decretos, las motivaciones para cerrar PROCREAR II y desmantelar su estructura fueron las siguientes:

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros en cuestionar el anuncio del cierre del plan habitacional. A su vez, señaló que la medida implicaba un golpe contra las políticas de vivienda que promovían el acceso a la casa propia.
El PROCREAR (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) fue creado el 12 de junio de 2012, mediante el Decreto 902/2012, firmado por Cristina Fernández de Kirchner.

La auditoría golpea el corazón del programa. La ex Secretaría de Desarrollo Territorial —bajo Ferraresi y Maggiotti— manejaba la planificación, adjudicación, supervisión de obras y control del destino de fondos, pero la SIGEN detectó que no existían manuales de procedimiento, no había sistemas integrados, las bases de datos presentaban duplicaciones e inconsistencias y se aprobaban desembolsos sin análisis técnico. La Dirección Nacional de Desarrollos Habitacionales operaba sin criterios uniformes y sin trazabilidad documental.

Uno de los hallazgos más graves es que no existía ninguna verificación presencial de obra. La SIGEN lo dijo con precisión quirúrgica: “No existiría una política de verificaciones a beneficiarios…”. Y sobre los desembolsos: “Verificación documental del avance hasta el 100% por parte del Banco Hipotecario S.A.”. Es decir, se aprobaba obra sin ir a la obra.
Cuando la SIGEN decidió hacer lo que el programa nunca hizo, confirmó lo que sospechaba: de 79 domicilios inspeccionados, 4 no tenían ninguna obra, varios estaban deshabitados y en otros los medidores de gas nunca habían sido colocados aunque figuraban como instalados.

La línea de tiempo muestra cómo estas fallas se consolidaron. El PROCREAR II renace en 2020. En 2021, bajo Ferraresi, se entregan miles de créditos y ya aparecen las primeras irregularidades. En 2022 se firma el convenio con la UTN por $27,6 millones, que la SIGEN luego considerará incumplido. Ese año también se contrató más de $10.800 millones en seguros sin compulsa, una de las observaciones financieras más fuertes. Tras la llegada de Maggiotti, las debilidades no se corrigieron.

Entre 2022 y 2023, la mora explota: 41,13% en la línea “Mejora” y 58,14% en “Refacción”, con atrasos de hasta 2.066 días. El total impago supera los $3.970 millones. El Banco Hipotecario reconoció que en algunas líneas no realiza gestiones activas “salvo que el cliente tenga otros productos en mora”.
Luego ocurre el episodio más crítico: entre septiembre y noviembre de 2023 se adjudican 2.500 créditos hipotecarios a tasa 0 sin previsión presupuestaria. El Estado solo libera el 30% inicial y luego deja todas las obras paralizadas. La Secretaría intenta reconvertirlos en préstamos personales.

En 2024 la SIGEN realizó sus verificaciones presenciales —las primeras en toda la historia del programa— y detectó irregularidades graves. Ese mismo año, el Ministerio fue desmantelado y muchas observaciones quedaron catalogadas como “no regularizables” porque el organismo ejecutor ya no existía. meses después, ya en 2025, se publicó el informe final.

En ese contexto, la auditoría enumera las irregularidades más significativas, que exponen un programa masivo sostenido sobre una estructura institucional debilitada.

1) Todas las obras se aprobaron solo con documentación enviada por los beneficiarios.

3) Mora crítica: 41,13% en “Mejora” y 58,14% en “Refacción”, con atrasos de más de 2.000 días.

5) Seguros sin compulsa por más de $10.800 millones.

7) Bases de datos con fallas graves: registros duplicados y sistemas sin integración.

9) Supervisión deficiente en desarrollos urbanísticos: informes incompletos y demoras sin justificar.

En total, la SIGEN observó $14.838.662.466,25, entre cuotas impagas, seguros sin compulsa y convenios incumplidos. Y advirtió que la falta de controles, sumada a la eliminación del organismo ejecutor, deja amplias áreas del programa sin posibilidad de revisión o regularización.

Fuente: telam