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17/10/2025

La Fiscalía de Ecuador busca archivar una causa por presunto tráfico de influencias que salpica a Noboa

Fuente: telam

El pedido del fiscal Carlos Alarcón llegó a la Corte Nacional pocos días después de asumir el cargo, en medio de cuestionamientos al proyecto minero

>El pedido de archivo de una investigación que involucra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue presentado por el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón Argudo, apenas unos días después de asumir el cargo tras un cuestionado nombramiento. La decisión, ingresada en la Corte Nacional de Justicia el 8 de octubre, busca cerrar una causa abierta por presunto tráfico de influencias en el proyecto minero Loma Larga, en la provincia del Azuay.

El movimiento antiminero, encabezado por el excandidato presidencial Yaku Pérez, advirtió que la petición se presentó en una coyuntura política “delicada”, cuando el Gobierno enfrenta cuestionamientos por la relación entre altos funcionarios y empresas del sector extractivo. Pérez y un grupo de activistas habían denunciado en agosto un supuesto intercambio de favores y gestiones indebidas en torno a la licencia ambiental otorgada a Dundee para operar en la zona de Quimsacocha, al sur del país.

Según Pérez, la empresa minera entregó donaciones a la Fundación ANA, de Valbonesi. Esto habría generado que se conceda la licencia ambiental.

La licencia, concedida a finales de julio, generó una de las mayores movilizaciones ciudadanas del año en Cuenca: más de 100.000 personas marcharon para exigir su revocatoria, alegando riesgos para las fuentes hídricas que abastecen la ciudad. Pocos días después, el Gobierno anuló el permiso, aunque la tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones ambientales se mantuvo.

La intervención de Alarcón en causas de alto perfil no es nueva. Ha manejado procesos como el caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otro relacionado con una aseguradora de Petroecuador vinculada a familiares de la expareja del mandatario. Por eso, su decisión de solicitar el archivo de una causa que toca directamente al presidente generó inquietud dentro y fuera del sistema judicial.

Fuentes políticas señalaron que, aunque el pedido no implica un pronunciamiento de fondo, sí envía una señal institucional relevante en momentos en que la administración Noboa intenta proyectar estabilidad frente a la crisis económica y a las protestas sociales por la eliminación del subsidio al diésel. La eventual resolución de la jueza Camacho podría tener implicaciones sobre la percepción de independencia de la Fiscalía y sobre la relación del Gobierno con el sector minero extranjero, uno de los pilares de su agenda de inversión.

Hasta el momento, ni el Palacio de Carondelet ni la Fiscalía General del Estado han emitido comentarios públicos sobre la petición. Los movimientos ambientalistas, en cambio, anunciaron que pedirán a la Corte Nacional de Justicia revisar íntegramente el expediente antes de cualquier decisión. El desenlace de este proceso marcará un nuevo capítulo en el conflicto entre los proyectos impulsados por el Gobierno y la presión de los sectores sociales que reclaman políticas más estrictas de protección ambiental.

Fuente: telam

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