16/10/2025
Imputaron a una funcionaria de San Juan y a ocho personas por ser parte de una banda que falsificaba documentos
Fuente: telam
El caso se dio a conocer producto de una denuncia realizada por un ciudadano de Buenos Aires, quien descubrió que adeudaba créditos que nunca había solicitado
>El caso se originó a partir de la denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires, quien detectó que se utilizaba un DNI con imagen y huellas dactilares ajenas para solicitar préstamos y efectuar transacciones comerciales en su nombre.
A partir de las primeras medidas investigativas, se identificó una conexión con el Registro Civil de Pocito. De acuerdo con los registros, se suponía que la víctima habría solicitado la renovación del documento en esa sede. Al ser desmentido por el denunciante, se identificó la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.Durante la exposición de la teoría del caso, la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez describió la existencia de una estructura criminal organizada con distribución de roles, cuyo objetivo era la comisión de delitos de falsedad documental y estafas. Asimismo, señalaron que el grupo operó al menos desde agosto de 2024 hasta mediados de 2025.
La acusación formal incluye los delitos de falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad, estafa, asociación ilícita y conductas previstas en la Ley Nº 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional. Además, dos de los acusados enfrentan cargos por defraudación mediante uso de nombre supuesto por realizar transacciones económicas bajo identidades ficticias.
En su intervención, el fiscal Alcaraz destacó la gravedad institucional del caso, tras señalar que no solo afectaría el patrimonio de particulares y entidades financieras, sino que también comprometería derechos fundamentales como la identidad, la fe pública y el ejercicio de los derechos civiles y políticos. En este sentido, subrayó que algunas víctimas no pudieron ejercer su derecho al voto, debido a las maniobras fraudulentas perpetradas por los investigados.El “caso testigo”, como lo denominó la Fiscalía, facilitó la realización de allanamientos y la recolección de pruebas digitales y documentales. Estas diligencias derivaron en la formalización inicial de la investigación penal el 2 de julio, fecha en la que se dictó la prisión preventiva de la principal acusada, medida luego confirmada por un juez de impugnación.La repercusión pública del caso y el allanamiento en la oficina de Pocito motivaron al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a iniciar una auditoría interna. Esta revisión permitió detectar 22 casos adicionales de falsificación ideológica de documentos a finales de julio, de los cuales 18 estaban en grado de tentativa y cuatro se habrían consumado.
Por este motivo, el 22 de septiembre se realizaron diez nuevos allanamientos, en los que se incautaron teléfonos celulares, bicicletas y aires acondicionados adquiridos mediante las estafas. Además, se concretaron las detenciones de otros dos acusados.
Fuente: telam
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Aries
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