Miércoles 10 de Septiembre de 2025

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10/09/2025

Los crímenes de odio aumentaron un 70% en Argentina: “Las mujeres trans concentran la forma más brutal de la discriminación”

Fuente: telam

En los primeros seis meses del 2025 se registraron 102 delitos de odio. Las consecuencias son 17 personas que perdieron la vida y 85 que sufrieron lesiones por su orientación sexual o identidad de género. El 70% de los casos son mujeres trans. En el 57,8% de los casos las agresiones se ejecutan con golpes y la mayoría de las víctimas tienen menos de 40 años

>En la primera mitad del año se registraron 102 delitos de odio, un 70% más que en 2024. Hubo 17 personas que murieron a causa de su orientación sexual o identidad y 85 sufrieron lesiones a su integridad física. Durante el primer semestre de 2025 se registraron 102 crímenes de odio contra personas LGBT+.

“Esta cifra es alarmante no solo por su magnitud, sino por su carácter histórico: representa un aumento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos. Pero, además, en tan solo seis meses, se alcanzó el 72% del total registrado durante todo el año 2024, que cerró con 140 casos. La evolución histórica refuerza esta tendencia: en todo 2023 se registraron 133 casos, en 2022 la cifra fue similar, y en 2021 se habían contabilizado 129”, enmarca el Observatorio.

“Hay extrema preocupación por la alarmante cantidad de muertes y ataques registrados durante el primer semestre de 2025. En tan solo seis meses, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física”, resaltan.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ fue creado por la Defensoría LGBT, dependiente del Instituto contra la Discriminación, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT+, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

En los primeros seis meses de 2025 ocurrieron 102 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia.

Las más atacadas son las mujeres trans: del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio, registrados en el primer semestre de 2025, el 70,6 % de los casos (72) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 16,7 % (17), se encuentran los varones gay cis; en tercer lugar, con el 6,9 % (7) de los casos, figuran las lesbianas; les siguen los varones trans, con el 4,9 % (5); y por último una persona no binarie que representa el 1 % del registro.

El período comprendido va del 1º de enero de 2025 hasta al 30 de junio de 2025. Las fuentes son medios masivos de comunicación e información recolectada por la Defensoría LGBT+ a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos; en articulación con la Federación Argentina LGBT+ y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país, a través de las 150 organizaciones que la componen. Otra importante fuente son los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la REDLACTRANS.

En los primeros seis meses de 2025 se registraron cuatro asesinatos perpetrados hacia personas de la diversidad sexual: tres fueron dirigidos a varones gay cis y uno a una lesbiana. También se registraron diez muertes por violencia estructural –ocho de mujeres trans, una de un varón trans y una de una persona no binarie– y tres suicidios –dos de varones gay cis y uno de una mujer trans. En el primer semestre de 2025, el 52,9 % (nueve casos) de las lesiones al derecho a la vida fueron hacia mujeres trans; el 35,3 % (seis casos) hacia varones gay cis; el 5,9 % (un caso) hacia lesbianas y otro 5,9 % (un caso) hacia un varón trans.

En Argentina, a pesar del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, quedan en pie organismos como el Observatorio.

Por otra parte, las leyes que castigan los delitos de odio están vigentes. Son fruto de una historia de lucha por los derechos de la diversidad sexual y no fueron derogadas por el Congreso de la Nación. Por eso, están para ser cumplidas.

La ley antidiscriminatoria (N°23.592) se sancionó el 3 de agosto de 1988 y se promulgó el 23 de agosto de ese año. La norma promueve que se adopten medidas contra los actos discriminatorios.

La pena prevista es la “reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

“La conducta violenta en los delitos de odio varía dependiendo del contexto y de los prejuicios que tenga una sociedad específica, pero está presente en todas las sociedades”, según la definición de Gabriela Guerrero e Israel Lara.

Estas agresiones implican violaciones a distintos derechos fundamentales de las personas: a la dignidad, a la integridad personal, a la seguridad, a la no discriminación, a la igualdad y a la vida. También es indispensable que exista pertenencia (o la asociación) de la persona agredida a un colectivo históricamente vulnerado y/o discriminado.

La víctima tiene que pertenecer a colectivos históricamente vulnerados que son aquellos grupos de personas cuyos derechos son menoscabados por una relación asimétrica de poder que es determinada por un contexto sociopolítico.

El crecimiento de los delitos de odio es significativo porque no solo afecta a las personas agredidas, sino que enciende alarmas en toda la comunidad. Tocan a una para que lo sepan todos: la víctima nunca es una sola. El agresor a través de su lesión manda un mensaje.

Esta agresión tiene la intención de dañar y, en algunos caso,s incluso ocasionar la muerte de la víctima. Está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas.

Las violencias estructurales, generalmente asociadas al deterioro de la salud por condiciones de precariedad, exclusión del sistema formal de derechos, falta de acceso a vivienda digna, trabajo e incluso alimentación y atención médica, generan muertes tempranas, evitables, enfermedades crónicas y sufrimiento cotidiano.

También se registraron lesiones autoinfligidas en el 7,8 % de los casos (8). El Observatorio considera que estos casos son una “expresión extrema de la violencia psicológica y simbólica que recae sobre las identidades de la diversidad sexual y que se manifiesta en el cuerpo como resultado de contextos de hostilidad, exclusión y negación de la dignidad”.

Se destaca de forma alarmante que en más de la mitad de los casos con autoría estatal (54 casos, 52,9 % del total general), la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones en graves situaciones de violencia institucional.

En cuanto al vínculo entre las víctimas de los crímenes de odio y les agresores particulares (36) en el 41,6 % de las veces las personas agresoras eran desconocidas para las víctimas. En el 22,2 % de los casos (8), la agresión fue autoinfligida por la propia víctima, generalmente, en contextos que son descriptos como “de alto sufrimiento subjetivo”.

La juventud no es un divino tesoro: la franja etaria más afectada, en el primer semestre de 2025, fue la de personas de entre 20 y 29 años, que concentra el 45,16 % de los casos. En segundo lugar, con el 19,35 %, se encuentra la franja de 40 a 49 años. Le sigue el grupo de 30 a 39 años, con el 16,13 %, mientras que las etapas de 10 a 19 años y 50 a 59 años representan, cada una, el 6,45 %.

De todos modos, se registraron casos en los grupos de 60 a 69 años y 70 a 79 años con el 3,23 %. “Estos datos permiten visibilizar que la violencia hacia la comunidad LGBT+ afecta principalmente a personas jóvenes adultas, pero también alcanza a adolescentes y personas mayores. La altísima concentración de casos en la franja de 20 a 29 años —casi la mitad del total con dato registrado— revela con crudeza cómo la violencia se descarga especialmente sobre les más jóvenes”, destaca el Observatorio.

“La distribución etaria de los casos registrados opera como un indicador indirecto del fracaso sistemático del Estado en garantizar derechos y condiciones dignas de vida para la población LGBT+, y de la población trans”, señala el informe

Dime de dónde eres y te dire cuánto sufres: los crímenes de odio se concentraron en la provincia de Buenos Aires, con el 60,8 % (62 casos) del total. En segundo lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 23,5 % (24 casos). Luego se encuentran Córdoba con el 3,9 % (4 casos), Chaco con el 2,9 % (3 casos) y Salta y Tierra del Fuego con el 2,0 % (2 casos cada una).

En muchos territorios del país existe una menor presencia de organizaciones de la sociedad civil que realicen tareas de documentación, denuncia y visibilización de estas violencias. “La ausencia de registros no debe interpretarse como ausencia de violencia”, aclara el Observatorio.

La cárcel no da seguridad: el mayor porcentaje –54,1 %– de crímenes de odio sucedió en comisarías o unidades penitenciarias. El Observatorio señala que esta realidad “evidencia la gravedad de las violencias institucionales ejercidas especialmente contra personas trans privadas de libertad”.

“En el hogar y la calle se materializan prácticas de hostigamiento, disciplinamiento y exclusión que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas LGBT+”, remarca. El 8,2 % de los ataques tuvo lugar en establecimientos privados de acceso público, el 2,3 % en establecimientos públicos y el 1,1 % en establecimientos privados.

“La violencia política contra la diversidad sexual es una práctica sistemática de persecución sostenida a través de discursos de odio, que vemos cómo actualmente se despliega y repite desde distintos ámbitos; algunas veces desde el anonimato, y otras veces con la voz impune y legitimada de autoridades del propio gobierno nacional y/o gobiernos locales. Y esos discursos tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas LGBT+”, denuncia el Observatorio.

“Es de inmensa gravedad que el Gobierno Nacional haya definido como política de Estado el señalar, estigmatizar y deslegitimar a los feminismos y a los movimientos de diversidad sexual”, critica el Observatorio.

“Cuando esa estigmatización proviene de la figura presidencial, con tono de doctrina y pretensión de verdad, el efecto sobre nuestras comunidades es letal. Los discursos de odio no son meras opiniones: son estrategias de disciplinamiento social”, concluye.

El informe enumera: “El aumento de los crímenes de odio es la manifestación más brutal de una política de exclusión. La responsabilidad del Estado en este proceso es ineludible. Cuando el discurso oficial demoniza a un grupo históricamente vulnerado, cuando niega sus derechos y sus existencias, cuando ataca las leyes que lo protegen, se habilita socialmente la violencia”.

Fuente: telam

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