04/09/2025
Del Puerto de Frutos a un campo en Formosa: el largo camino judicial hasta la primera condena por la caza de un yaguareté
Fuente: telam
Veinte años después de la primera denuncia por la venta ilegal de una piel en Tigre, la Justicia dictó en Formosa la primera condena efectiva por la caza de un yaguareté, especie Monumento Natural Nacional y en peligro crítico de extinción. El fallo constituye un avance histórico en la judicialización de delitos contra la fauna silvestre en Argentina, pero ¿es suficiente?
>En el año 2005, integrantes de la Fundación Red Yaguareté denunciaron la venta ilegal de una piel de este animal en el Puerto de Frutos, en Tigre. Ese fue apenas el inicio de un largo camino. Veinte años después, el 14 de agosto pasado, El caso marcó un hito a nivel nacional: En los fundamentos, el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, Pablo Morán, aseguró: “La muerte del yaguareté no es un daño singular: es una lesión de patrimonio biocultural común y al derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano (…) Proteger al yaguareté no es un gesto aislado: es preservar el equilibrio del ecosistema, la salud de la tierra y el agua, y el legado que debemos entregar intacto a quienes nos sucedan. Su pérdida no sería solo un daño a la naturaleza, sino una amputación a la memoria colectiva de la belleza que da sentido a nuestra existencia como Nación”.
El fallo constituye un avance histórico en la judicialización de delitos contra la fauna silvestre en Argentina, pero ¿es suficiente? ¿En qué medida la Ley 22.421, sancionada en 1981, responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? ¿Qué factores explican que en más de 45 causas previas no hubiera condenas efectivas? ¿Qué cambió esta vez?
En la Argentina, los delitos ambientales se investigan a través de distintas autoridades. A nivel federal, la principal es la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), creada en 2007 y dependiente del Ministerio Público Fiscal. También está el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), que actúa en tareas de prevención, patrullaje y apoyo en causas judiciales. En CABA, operan la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y la División de Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. El trabajo que realizan estas últimas quedó en evidencia la semana pasada, cuando A pedido de Infobae, la UFIMA envió un listado con las 45 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté que llevaron adelante entre 2010 y 2023. Son actuaciones que, tras la etapa inicial, se derivaron en denuncias formales ante los juzgados competentes. Desde la Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo asegura que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 causas abiertas y sospecha que hay muchos otros casos que nunca llegaron a judicializarse.El panorama que surge del relevamiento de los datos aportados por la UFIMA es claro: la caza se concentra en el Norte —con Salta (6 casos), Formosa (3) y Misiones (2) a la cabeza—, mientras que la comercialización aparece con fuerza en la provincia de Buenos Aires (8) y en CABA (3), es decir, donde está el mercado. En el medio, la tenencia de cueros completa la cadena, con registros sobre todo en Salta (4), Jujuy (2), Buenos Aires (2) y CABA (2).En 2021, directamente, no hubo registros en la base. Esa merma no significó menos riesgo para la especie, sino todo lo contrario: dos años antes, en 2019, la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) declaró al yaguareté en “Peligro Crítico de Extinción”, un escalón más grave que la categoría de “En Peligro” vigente desde 2004.
De las decenas de denuncias por caza o comercialización de yaguareté que se acumularon en las últimas dos décadas, solo el caso de Ibarreta, en Formosa, llegó a juicio y terminó con condena. Tres de los imputados cumplen la pena en arresto domiciliario con salidas laborales autorizadas y uno recibió la misma condena, pero en suspenso.¿Por qué tres de los acusados terminaron presos, si la ley argentina permite que las penas menores a tres años se dejen en suspenso? “Porque estuvieron prófugos durante un mes y, a pesar de los allanamientos realizados, nunca aparecieron ni el arma ni el cuero del yaguareté. Es decir, había riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio”, indica Morán.
Desde 2019, Morán lleva adelante el Juzgado Federal N°1 en una provincia atravesada por causas de contrabando, narcotráfico y tráfico de armas. En ese contexto, reconoce que los delitos ambientales suelen quedar relegados: “La Justicia, como está tan abrumada, no les da la importancia que merecen y suele llegar tarde. En este caso, no puedo revivir al yaguareté, pero por lo menos se ha castigado a los culpables con una condena ejemplar”, reflexionó. Y sumó un matiz personal: “Yo soy de Lomas de Zamora. Cuando llegué a Formosa decidí que, cada vez que hubiera causas medioambientales, las iba a tomar y trabajar especialmente. Es un tema que me interesa, me apasiona y hasta se lo transmití a mis hijas. Me gusta trabajar para concientizar. Por otro lado, son delitos muy graves. El tráfico de fauna mueve muchísimo dinero y el tráfico de troncos o especies arbóreas, también”.Matar yaguaretés es ilegal en todo el país y se castiga con cárcel. El Artículo 25 de la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna, sancionada hace ya 45 años, establece entre cuatro meses y tres años de prisión para quien cace animales prohibidos, además de la inhabilitación para el uso de armas de cinco a diez años. En los hechos, eso se traduce en penas leves que, en la mayoría de los casos, terminan en suspenso.“Después de involucrarme con la Aunque podría redactar una nueva propuesta, el diputado sostiene que modificar solo las penas para endurecer las sanciones es la mejor estrategia: “Como dice el refrán: ‘El que mucho abarca, poco aprieta’. Si vamos a algo puntual es probable que se genere mayor consenso, tanto político como social”.
Desde la Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo coincide en que el cambio de penas es una prioridad. “Lo que más nos importa es cambiar las penas. Después vemos todo lo demás. Apoyamos este proyecto no porque sea perfecto, sino porque es la oportunidad. Y ya hemos visto pasar varias oportunidades... El tiempo sigue transcurriendo y la especie se extingue. Cambiemos esto y después vemos cómo mejoramos el resto”, sostuvo.
Además de endurecer las penas, el debate sobre el futuro del yaguareté en la Argentina se cruza con la necesidad de políticas públicas. En el fallo, se estableció que los condenados abonarán una suma de 20 millones de pesos que serán otorgados “al Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa, para ser destinados exclusivamente al Programa de Conservación del Yaguareté”.Desde Red Yaguareté piden más claridad. “Nos gustaría saber cómo se va a aprovechar ese dinero y cuáles son los resultados. La compra de cámaras trampa, algo en lo que se suele invertir, sirve para investigar, pero no para conservar. Necesitamos acciones que impacten en la supervivencia de la especie”, dijo Lodeiro Ocampo.
El fallo de Ibarreta también incorporó una novedad: los cuatro condenados deberán asistir a una capacitación sobre convivencia entre personas y especies protegidas, abierta a la comunidad. Para Lodeiro Ocampo, ahí está la clave: “La gran carencia de todos los planes es la convivencia. Si no logramos que la gente aprenda a convivir con el yaguareté, el yaguareté se extingue. Lo que hace falta es un programa real, escrito, y del que puedan participar especialistas que tenemos experiencia en el tema. Con un plan de convivencia, ganamos todos”.
Fuente: telam
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Libra
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