>La filtración reciente de cuentas millonarias pertenecientes a GAESA en paraísos fiscales ha arrojado luz sobre cómo la élite gobernante en Cuba resguarda sus privilegios mientras descuida demandas sociales fundamentales y utiliza a los cuerpos policiales y de seguridad como instrumento principal de control represivo. En ese contexto, la ciudadanía experimenta una sensación de inseguridad agravada, atrapada no solo entre el crecimiento de la delincuencia común, sino también frente a la presión constante de un Estado represor.

El informe del OCAC, publicado en agosto de 2025, se basa en la recopilación, verificación y sistematización de denuncias y reportes de crímenes difundidos en redes sociales y medios de comunicación estatales e independientes. La metodología empleada recurre a la triangulación de fuentes para minimizar errores y descartar casos no confirmados. Sin embargo, el propio observatorio advierte que la opacidad de las estadísticas oficiales y la falta de acceso a información completa generan un subregistro: las cifras presentadas solo reflejan la parte visible de un fenómeno mucho más amplio.

En cuanto a la tipología de los delitos, el informe detalla una diversificación significativa. El robo se mantiene como el delito más frecuente, con 721 casos en el semestre, seguido por 63 asesinatos, 61 asaltos, 38 agresiones, 198 incidentes vinculados al tráfico o consumo de drogas —categoría que se incorpora por primera vez debido a su creciente incidencia— y 238 hechos clasificados como “otros delitos”, entre los que figuran vandalismo, portación ilegal de armas y ventas ilícitas. El OCAC subraya que la emergencia del tráfico de drogas como fenómeno en expansión y la presencia creciente de armas de fuego en distintos tipos de delitos constituyen señales de alerta sobre la evolución del panorama criminal en la isla.