>Un operativo coordinado entre fuerzas federales permitió el decomiso de un cargamento de fentanilo que intentaba ingresar de manera ilegal a la Argentina por la costa de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. La intervención estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA), que desplegaron tareas de vigilancia nocturna para detectar movimientos sospechosos en la ribera limítrofe con Paraguay.

Al inspeccionar la orilla, los agentes hallaron un paquete abandonado. Tras la revisión, constataron que el bulto contenía 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0,05 mg/ml en solución inyectable, rotuladas como “Prinosil”. El valor estimado de este cargamento supera los 60 millones de pesos, según las autoridades intervinientes.

La articulación con el GOC-NEA, un organismo creado para la cooperación interjurisdiccional en el noreste argentino, forma parte de un esquema de patrullaje conjunto destinado a prevenir el avance de nuevas modalidades delictivas en sustancias controladas. El decomiso de fentanilo, un opioide sintético de uso médico bajo estricta regulación e impacto altamente peligroso en casos de desvío ilegal, evidencia el aporte de la tecnología y la vigilancia en la detección temprana de este tipo de delitos.

Hace poco menos de un mes,Entre los detenidos —cuatro hombres y dos mujeres— figuran dos visitadores médicos señalados como líderes de la organización, sus parejas y otras dos personas que actuaban como empleados y nexos. Uno de los acusados tenía a su cargo un centro de estética en Jujuy y su función era operar como intermediario y distribuidor.

La causa se originó en abril de 2023, cuando efectivos de Gendarmería interceptaron un camión de transporte de pasajeros sobre la Ruta Nacional N° 12 y descubrieron una encomienda con 500 ampollas de la principal droga mediante equipos de rayos X. En presencia de testigos se reveló el envío irregular de los fármacos desde Posadas hacia la Capital Federal. A partir de ese procedimiento, la Fiscalía Federal y PROCUNAR abrieron una investigación que permitió reconstruir una red de desvío y tráfico que funcionaba desde 2020.