>Esta noche, el Presidente Donald J. Trump presentará su primer discurso del Estado de la Unión (y su segundo discurso frente a una Sesión Conjunta del Congreso de los Estados Unidos) desde que regresó a la Casa Blanca. Este importante evento, al que están invitados todos los miembros del Congreso y la Corte Suprema, y el cual recibirá una enorme atención mediática, se lleva a cabo tan solo cuatro días después de que la Corte dictaminó en contra de la potestad del Presidente para utilizar lo que ha sido una de sus herramientas más poderosas de política exterior durante el primer año de su segundo gobierno: los aranceles. En ese contexto, la política arancelaria del Presidente Trump regresa al centro de la atención nacional e internacional y será uno de los temas más anticipados de este mensaje anual.

Para sostener esta tesis, debemos entender la lógica estratégica de los aranceles, saber exactamente qué decidió la Corte y analizar qué viene ahora.

Los aranceles de la política America First han desatado intensos debates dentro y fuera de Estados Unidos. Sus partidarios los ven como un acto de recuperación soberana; sus críticos, como un error proteccionista. Pero reducirlos a una discusión técnica de comercio internacional es no entender su naturaleza. La política arancelaria de Trump se puede entender fácilmente en función de cinco ejes principales.

1. En el núcleo de la política arancelaria del Presidente hay una exigencia de reciprocidad. Desde los años 80, Donald Trump ha sostenido consistentemente que Estados Unidos ha sido desfavorecido —o “ripped off”, para usar sus propias palabras— por un sistema comercial que toleró asimetrías persistentes: mercados abiertos aquí, barreras allá. Para Trump, la pregunta no es académica sino absolutamente pragmática: si un país grava nuestros productos, ¿por qué no responder en la misma medida? Sus aranceles buscan nivelar el terreno de juego. No es solo economía; es una noción de justicia recíproca para él.

3. A ello se suma un componente cultural y político profundo. La globalización generó crecimiento agregado, sin dudas, pero dejó un gran impacto negativo en comunidades industriales enteras. Para el obrero automotriz de Michigan o el trabajador metalúrgico de Ohio, las curvas de eficiencia global no compensan la pérdida de empleo y tejido social. Los aranceles son, en esa lógica, un instrumento de reconstrucción nacional y un mensaje político: el Estado vuelve a alinearse con quienes producen dentro del país y se pronuncia a favor de restaurar la dignidad del trabajo en su corazón industrial.

4. Es innegable que desde el punto de vista fiscal, los aranceles representan una fuente de ingresos muy importante para la administración. Solo en el 2025, el gobierno de Estados Unidos recaudó más de 287 mil millones de dólares en aranceles, según el Departamento del Tesoro. Esta inyección de fondos constituye, para Trump, una victoria tangible, con potencial para reducir el déficit nacional o financiar prioridades domésticas (interesantemente, la Corte no definió qué va a pasar con esos fondos a raíz de su decisión. Lo que si sabemos es que ya ha generado una gran cantidad de procesos legales para su devolución, lo que pudiera tener un impacto fiscal enorme para el país).

5. Los aranceles son una herramienta de negociación —herramienta que ha forzado a decenas de países, bloques comerciales y empresas a sentarse a negociar con la administración Trump. Para el Presidente, los aranceles no solo reflejan una convicción estratégica profunda, sino también una táctica eficaz para obtener concesiones que, de otro modo, resultarían inalcanzables para un liderazgo más complaciente. Es por eso que para el Presidente, el arancel no es solo una medida económica; es una palanca diplomática.

La Corte no declaró inconstitucional la política arancelaria en sí misma. Lo que hizo fue mucho más técnico y, al mismo tiempo, institucionalmente significativo.

Aquí entra en juego la llamada “doctrina de las cuestiones mayores”. Según esta línea jurisprudencial, cuando el Ejecutivo pretende ejercer una potestad con enormes implicaciones económicas o políticas, no puede basarse en interpretaciones amplias o implícitas de una norma general; necesita una delegación explícita del Congreso. La Corte concluyó que la IEEPA, concebida para sanciones económicas en emergencias internacionales, no autoriza la creación de un régimen arancelario general.

En otras palabras: la Corte no cerró la puerta para que Trump imponga aranceles; solo indicó cuál no es la puerta correcta.

Lo que viene ahora es previsible. Trump buscará, y seguro encontrará, el “recuadro correcto”.

La decisión de la Corte abrirá años de litigios y debates académicos sobre la separación de poderes, los límites del poder presidencial, la delegación legislativa y la doctrina de las cuestiones mayores, entre otros temas. Pero en términos políticos inmediatos, la administración reconfigurará la base legal de sus aranceles en cuestión de días o semanas.

Si algo ha demostrado el primer año de esta segunda administración Trump es que la política arancelaria no es improvisación. Es convicción. Y cuando una política responde a convicciones profundas, no a cálculos pasajeros, los obstáculos judiciales rara vez significan el final del camino.

*El autor es empresario, estratega político y de políticas públicas y ex alto funcionario gubernamental de Estados Unidos. Es el Fundador y Director del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

Fuente: telam