Respecto de los depósitos en efectivo, los organismos enfatizaron: “La normativa de Prevención de Lavado de Activos no prohíbe los depósitos en efectivo, independientemente de su monto”. También aclararon que “tampoco exige la solicitud de información sobre el origen de los fondos en línea de caja como condición para aceptar un depósito”. En cuanto a las obligaciones, precisaron: “La obligación normativa se limita a la identificación del depositante y del titular cuando el monto supera los 40 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil)”.

Entre las recomendaciones principales, la UIF y el BCRA remarcaron: “Cuando el origen y la aplicación de fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, y el monto involucrado sea inferior al umbral establecido para la configuración del delito de evasión tributaria, podrá resultar innecesario requerir documentación adicional cuando, conforme al análisis integral de riesgo efectuado por el sujeto obligado, no se identifiquen inconsistencias relevantes en línea con un EBR (Enfoque Basado en Riesgos) razonable”.

En cuanto a los sistemas internos, los organismos recomendaron que los sujetos obligados “deberán ajustar sus sistemas de prevención mediante la actualización correspondiente de sus matrices de riesgo, a fin de que reflejen las modificaciones normativas vigentes —en particular, el incremento de la condición objetiva de punibilidad— y permitan optimizar la categorización de clientes, el monitoreo de operaciones y la gestión de las alertas internas generadas por sus sistemas”. El objetivo es “evitar requerimientos de justificación de fondos que resulten inconsistentes con el EBR y con la normativa aplicable”.

Fuente: telam