La medida se suma a otras acciones impulsadas por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, desde el inicio de su mandato, que apuntan a eliminar gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso del erario público. En el decreto de despido, se señala que la conducta de Salvatori transgredió el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia de Neuquén.

El caso de Salvatori comenzó a investigarse en junio de 2025, cuando se le abrió un sumario administrativo para corroborar si había faltado “de manera injustificada, continua y discontinua”. Las indagaciones concluyeron que Salvatori no dejó constancia de tareas realizadas entre julio de 2020 y junio de 2024.

Por su lado, la Fiscalía de Neuquén presentó una denuncia penal contra Salvatori por presunto fraude a la administración pública, que está tipificado por el artículo 174, inciso 5, del Código Penal. El argumento letrado apunta a que Salvatori cobró salarios durante casi cuatro años sin cumplir funciones, lo que generó un perjuicio económico para las arcas provinciales.

En este marco, el gobernador instruyó que se activen los mecanismos para recuperar las sumas percibidas. Si la recuperación no es posible, la instrucción oficial es dar intervención a la Fiscalía de Estado por la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración provincial.

Los nombres de los presuntos cómplices de Ruiz se dieron a conocer el pasado 9 de mayo, cuando el fiscal Pablo Vignaroli y personal de la Fiscalía de Delitos Económicos realizaron 14 allanamientos en domicilios particulares y una sede comercial, en Plottier, Neuquén capital y General Roca, en Río Negro.