La votación general de la reforma del régimen penal juvenil fue el primer test. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, todos estos últimos provenientes del kirchnerismo y sus aliados más cercanos. El Gobierno no solo superó con holgura el umbral necesario, sino que articuló una mayoría heterogénea que incluyó libertarios, macristas, radicales, bloques provinciales y sectores del peronismo no alineado. Milei consiguió que una parte relevante de la oposición respaldara una de sus banderas más sensibles.

La explicación reside en una decisión táctica de Germán Martínez. Aprovechando su experiencia parlamentaria y conocimiento del reglamento, impulsó que esa votación se realizara a mano alzada. El recurso permitió diluir el impacto político del quiebre interno: sin voto nominal, sin listado oficial, sin evidencia documental directa. Fue una maniobra clásica de conducción legislativa, orientada a preservar una imagen de unidad en un momento de tensión.

Ese episodio confirmó un proceso que venía desarrollándose en silencio. El sector vinculado a Sergio Massa decidió sostener, incluso en este contexto, una posición que forma parte de su identidad política desde hace más de una década. Ya en 2013, el entonces intendente de Tigre había impulsado una reforma para reducir la edad de imputabilidad, y desde entonces su espacio mantuvo una línea consistente en la materia. Por eso, el voto de Galmarini, Giuliano, Gutiérrez, Félix y Michel no representó una ruptura ni una provocación interna, sino la continuidad de una trayectoria política.

Si en la imputabilidad la conducción logró disimular la tensión, en el acuerdo Unión Europea–Mercosur ya no hubo margen para administrar las diferencias. La votación fue nominal y expuso a cada diputado. El resultado fue todavía más contundente: más de 200 votos afirmativos. El oficialismo consiguió una mayoría transversal inédita.

Del otro lado, una mayoría peronista acompañó el acuerdo. Diputados de provincias productivas, dirigentes cercanos a gobernadores y sectores sindicales moderados privilegiaron una lectura económica y territorial por encima de la lógica identitaria. Argumentaron en función de exportaciones, mercados, empleo y desarrollo regional. El contraste fue evidente: mientras el camporismo se aferró a una posición doctrinaria, el peronismo del interior priorizó intereses concretos.

En ese contexto, la figura de Germán Martínez quedó expuesta. El jefe del bloque había construido su liderazgo sobre una premisa central: sostener la unidad a cualquier costo. En la imputabilidad lo logró parcialmente. En Mercosur, fracasó. La fragmentación fue tan marcada que terminó votando a favor del acuerdo, no por convicción personal sino por necesidad política. Quedar del lado perdedor habría significado perder autoridad frente a su propia bancada.

Las dos votaciones consolidaron un fenómeno que empieza a adquirir densidad propia: la emergencia de un peronismo no kirchnerista con peso parlamentario. Diputados de Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Tucumán y otras provincias acompañaron al Gobierno en Mercosur. Lo hicieron con argumentos vinculados a sus economías regionales y a las demandas de sus territorios. La lógica militante cedió espacio ante la lógica productiva.

Uno de los casos más simbólicos fue el de Santiago Cafiero. Ex canciller y protagonista de las negociaciones con Europa, votó en contra del acuerdo que él mismo había impulsado durante su gestión. La contradicción fue evidente. En los pasillos, muchos la interpretaron como una subordinación a la lógica interna del kirchnerismo, aun a costa de desmentir su propio recorrido político.