Los ocho adultos detenidos en la Villa Loyola terminaron en el Juzgado N°5 -que pertenece al fuero de instrucción, y no al federal, donde es investigado Alegre- por un delito que no incluye la figura de narcotráfico.

“En San Martín, donde no existen los cuentapropistas, donde casi cualquiera que vende es parte de una estructura mayor, no tiene sentido”, asegura una alta fuente judicial: “En espíritu, estaba bien, pero no funcionó del todo, no en una jurisdicción así”.

“La falta de medidas de seguridad adecuadas en los edificios judiciales de todo el país constituye una vulnerabilidad estructural que pone en riesgo no solo la integridad física de los justiciables, de jueces, juezas y trabajadores judiciales, sino la prestación de un servicio de justicia realmente adecuado a las expectativas de la ciudadanía y a la altura de la exigencia de nuestra democracia constitucional”, afirmaron.

El párrafo es básicamente una cortesía pública. La cuestión tiene otro fondo que va más allá de la mera custodia.

Es decir, un juez como Schiavo no tiene las herramientas para responderle a Alegre, Villalba o quien sea. Por lo pronto, San Martín, al igual que La Matanza, tiene solo una fiscalía especializada en drogas.

Fuente: telam