>Faltaban 413 días para que las Fuerzas Armadas derrocaran a María Estela Martínez de Perón -Isabelita- e instalaran la última y más sangrienta dictadura militar de la historia argentina. Pero aunque faltaba más de un año para ese quiebre feroz en la continuidad democrática, el 5 de febrero de 1975 empezó a germinar el funcionamiento terrorista del Estado, que comenzó a desplegar un plan sistemático que implicó secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Ese plan terrorista que, ya después del Golpe, se replicaría en buena parte del territorio nacional y se profundizaría.

Públicamente, el Gobierno de la viuda de Juan Domingo Perón y las Fuerzas declaraban que el objetivo central de esa operación militar era combatir al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Específicamente a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, que pertenecía al ERP e intentaba instalarse en la selva tucumana y convertir esa instalación en un “foco revolucionario”.

El despliegue concreto de fuerzas empezó apenas cuatro días después de que Isabelita firmara el decreto. El 9 de febrero, 1.500 soldados se distribuyeron en una zona de 60 por 40 kilómetros. Tanto el Ejército como la Fuerza Aérea reforzarían esas filas: en total, participaron entre 5.000 y 6.000 durante toda la duración de la operación. El ERP, según documentos militares y testimonios, contaba con entre 100 y 150 combatientes rurales. A la enorme diferencia numérica se le sumaría la de recursos y métodos.

Antonio Domingo Bussi fue el general que sucedió a Vilas al mando del Operativo Independencia. Se convertiría en la cara de la represión ilegal en Tucumán, provincia que después gobernaría durante la democracia. Durante su tiempo a cargo de la operación decretada por Isabelita, Bussi se ocupó de profundizar un legado heredado de Vilas: bajo la definición de “enemigo” entrarían miles de personas más que quienes eran combatientes armados del ERP. Es que para los militares, la “guerra” a la que se referían y con la que justificaban la represión era, sobre todo, “cultural”.

Para llevar a cabo su objetivo, las fuerzas militares montaron los primeros Centros Clandestinos de Detención (CCD) del país, una práctica que sería clave no sólo para el Operativo Independencia sino, después, para el plan sistemático de represión ilegal, tortura y desaparición forzada que ejecutó la dictadura. El más emblemático de los centros del operativo fue la Escuelita de Famaillá, por donde se estima que pasaron algo más de 1.500 personas. En total, se montaron más de cincuenta centros clandestinos de detención en el contexto de esa operación militar.

Aunque el Ejército y la Fuerza Aérea hablaban de “guerra”, los enfrentamientos armados reales fueron muy limitados, y generalmente tan informales que llegaban a considerarse más bien escaramuzas. En mayo de 1975 se produjo el llamado combate de Manchalá: un grupo de soldados conscriptos improvisó la defensa a un puesto de comando.

Montoneros también operó en Tucumán, pero con una presencia mucho menor a la del Ejército Revolucionario del Pueblo. Con más presencia urbana que rural, Montoneros envió algunos “observadores” al monte e incluso se intentaron algunas acciones conjuntas entre las dos organizaciones armadas, pero la superioridad numérica y de fuego del Estado resultó implacable.