Casos extremos como el de Onaikel Infante Abreu muestran el rostro de esa tortura: después de una protesta en La Habana, en octubre de 2023, fue arrestado tras resultar herido por balas de goma. Durante su reclusión ha sido víctima de golpizas, encierros prolongados, abuso sexual cometido por otros reos por orden de los guardias, y privación de medicamentos pese a diagnósticos de cáncer de garganta. “La familia lo vio tan demacrado que se desmayó al inicio del encuentro”, recogió el escrito. Cumple ahora una condena de ocho años por supuestos delitos contra el Estado.

La condición médica y el acceso a la salud ilustran el carácter sistemático de los abusos. Presos como Daniel Alfaro Frías, activista de 71 años y coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, relató ser esposado y devuelto a su celda sin atención médica tras sufrir una crisis hipertensiva en una prisión conocida por la aplicación de torturas. Dixán Gaínza Moré, con diagnóstico de hipoglucemia e hipertensión, se encuentra postrado y sin cuidados. “No tiene fuerzas ni para comunicarse directamente”, denunció su familia.

La muerte bajo custodia estatal de Lázaro García Ríos, detenido desde 2022 y condenado a 20 años, resume el peligro extremo que enfrentan los reclusos políticos en el sistema penitenciario cubano. El informe detalló que, pese a las denuncias de su madre sobre el deterioro físico y la falta de atención médica tras una cirugía cardíaca, fue regresado de un hospital a la prisión días antes de morir.

El listado actualizado recoge también a 128 mujeres procesadas como presas políticas y evidencia que 219 personas cumplen penas por “sedición” con medias de 10 años de prisión. El informe distingue entre “convictos de conciencia” (727 casos), “condenados de conciencia” (445) y “otros presos políticos” (35), categorías que reflejan la naturaleza y motivación política de sus condenas o restricciones de libertad.

La sistematicidad y amplitud de la represión en Cuba —desde la digital hasta la física, y desde la tortura hasta el abandono médico— confirman una política estatal integral de criminalización de la disidencia.

El registro –utilizado por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por entidades parlamentarias europeas y medios de todo el mundo– expone la persistencia de una “isla cárcel”, donde el control social y la producción de miedo avanzan sobre cualquier posibilidad de defensa jurídica o protección de los derechos fundamentales básicos.