>El Gobierno comienza el año político con un objetivo prioritario: retomar su agenda original en una suerte de revancha política, con los mismos ejes con los que inauguró la gestión, más dureza ideológica y escaso margen para negociar.

Paolo Rocca parece no ser el único empresario que se topa con negativas oficiales. Ahora es Mercado Pago, la otra gran empresa argentina, que no encuentra cómo filtrar un cambio en el proyecto de la reforma laboral. Sus directivos hicieron un intento con la Casa Rosada para modificar la intervención del Banco Central. A pesar de que las billeteras virtuales se verán beneficiadas por la habilitación que les da el proyecto para el pago de salarios, hicieron un pedido para evitar la regulación de la entidad monetaria. Es paradójico para un liberatario, pero el Gobierno ya les avisó que la regulación se mantendrá.

La prioridad absoluta en Olivos es la aprobación de la reforma laboral. Ni siquiera el final es abierto, sino que el desarrollo del debate hoy tampoco parece allanado. La discusión no encuentra todavía un cauce. “Negocien conmigo”, les hizo llegar Patricia Bullrich a los líderes sindicales. Pero cuando intentaron una mesa, la jefa del bloque de La Libertad Avanza optó por una conversación técnica, y envió a Josefina Tajes, la abogada laboralista que la asesora. Los gremios se quejan de la falta de una negociación política. “Nadie tiene el poder para tomar una decisión”, se agarra la cabeza un secretario gremial. Santiago Caputo sigue manteniendo el canal abierto solo con Gerardo Martínez, pero ya no define. Un sindicalista lo define así: “Los hermanos ceden pero no largan el mando”. Dejan que negocien, pero sin autonomía. La palabra final la tienen Karina y Javier.

Después de haber logrado, en diciembre, postergar el debate, la CGT está dispuesta a aceptar una reforma. No ésta. No así. Pero saben que el Gobierno está más cerca de aprobarla que ellos de bloquearla. A lo sumo, creen que pueden volver a retrasarla y que pase para el periodo de sesiones ordinarias. Si va a salir, que sea desguazada, analizan. Pero no encuentran con quién encauzar un diálogo. Trabajan en una triangulación, vía los gobernadores, que en definitiva, son los que tienen la llave para redactar cualquier modificación. Las desconfianzas son el principal escollo. Todos juegan. Sobre todo Diego Santilli. En las charlas con los gobernadores, el ministro del Interior les dice que el Gobierno ya tiene el aval de la CGT. De eso se enteraron los jefes sindicales, que estallaron de bronca. A cada reunión que hace el funcionario, van detrás para aclarar que ellos no dieron el sí. Tienen un problema importante, que los hace dudar. Ningún gobernador aceptó una foto con ellos. Sólo el diálogo.

Por ahora, las cuentas le dan a favor a Patrica Bullrich. No tiene asegurada la aprobación, pero está más cerca. Al menos, a seis senadores de la aprobación. El problema es que todavía no pudo lograr ni siquiera el compromiso para sesionar el 11 de febrero, como era la idea original. Los senadores radicales se negaron a poner fecha después de la última reunión que hizo con los bloques aliados. El radicalismo posiblemente se divida en esta votación, pero al menos siete de sus miembros apoyarán la reforma con cambios.

En la CGT están expectantes con una reunión de gobernadores, esta semana, en el CFI, para avanzar en una posición común. Axel Kicillof viene manteniendo diálogo, pero no contaría con la presencia de los díscolos. Si los cambios no se negocian ahora, con el debate en el Senado, también el Gobierno corre el riesgo de enfrentarse a un escenario negativo en la Cámara de Diputados.

El Gobierno juega solo en la cancha. La oposición, desordenada como está, no logra tampoco tener mayor participación en el debate. El bloque peronista de la cámara alta cruje. “No descartamos irnos”, dijo a Infobae la senadora Carolina Moisés, que integra el interbloque de 28 legisladores del PJ junto a otros 5 integrantes que se diferencian de la conducción. Esta semana, por orden de Cristina Kirchner, la expulsaron del partido en su provincia, Jujuy. El malestar se extiende a José Mayans, el jefe de la bancada, que está a cargo de manera ejecutiva del partido ante la prisión domiciliaria de la ex presidenta. Hay incluso reproches que vienen desde diciembre, cuando el jefe del bloque decidió no conformar las comisiones, y por la elección, sin consulta, de Anabel Fernández Sagasti para el Consejo de la Magistratura. En ese escenario de disputa interna tiene que trabajar la CGT. Por ahora dicen que Cristina Kirchner está comprometida con colaborar. Al menos, ya lo hizo. Una parte del triunfo parcial que lograron por la postergación en diciembre del debate se lo deben a José Ottavis. Sí, el ex novio de Victoria Xipolitakis, hoy reconvertido en el principal armador político de la oposición en Corrientes, trabajó para que el peronismo terminara colaborando con el gobernador radical Juan Pablo Valdés en las leyes provinciales que necesita. “Jugaron bien”, rememoran en el frente sindical. La UCR fue crucial para que la reforma entonces no se tratara.

Esta semana será clave para empezar a definir los pasos a seguir. Bullrich volverá a reunir a los senadores aliados, el martes. La CGT convocará a su mesa directiva, con fecha a definir, y los gobernadores harán una cumbre en Buenos Aires, posiblemente, el miércoles.

Mientras tanto, el Gobierno asume la agenda de Bullrich como propia y relanza la batalla cultural con foco en los menores que delinquen y la inmigración, el clásico de todos los clásicos. Una encuesta de Management & Fit refleja que entre las reformas que lanzó la Casa Rosada, una futura reforma al código penal, con endurecimiento de penas, es la que mayor consenso tiene con el 72,1% de aprobación. La reforma laboral, en cambio, recibe el 43,7% a favor, con un alto rechazo, que llega al 52%, según los últimos datos de la consultora, relevados en diciembre.

“No es Milei, es Bullrich, pero a él le sirve todo lo que le trae”, reflejan en la Casa Rosada sobre el relanzamiento del debate. Incluso, el Presidente incentiva para mostrar mayor dureza.

Esta semana se presentará nuevamente el proyecto para un nuevo régimen penal juvenil, con los mismos lineamientos centrales que el que ya había presentado el Gobierno el año pasado. A pesar del consenso político que lograron en el Congreso para dejar en 14 la edad de punibilidad de los menores, el oficialismo insistirá con bajarla a 13, como fue la iniciativa original, y volverá a establecer en 20 años la pena máxima para delitos graves, cuando se había fijado en 15 años en el dictamen del año pasado.

La reforma se juega en dos frentes: el del relato y el del texto. Por más que el Gobierno sostiene el slogan de “delito de adulto, pena de adulto”, eso no forma parte del proyecto. La máxima es más baja, y se establecen medidas alternativas a la internación, de hecho no se habla de prisión, como domiciliaria o monitoreo con tobillera electrónica. El 80% de los delitos cometidos por menores tendrá pena alternativa.

El debate abre una grieta al interior del peronismo. El bloque de diputados se reunió este martes por primera vez tras las vacaciones. Las posiciones están encontradas. En la votación, que seguramente saldrá positiva, habrá legisladores de ese espacio que la apoyen. Incluso en algunos que se referencian en La Cámpora hay diferencias. El gran eje será el presupuesto y la falta de fondos para políticas de prevención y contención en la niñez. Quizás desde ese foco logren unidad en la votación.

El Gobierno también relanzará este año, para las sesiones ordinarias, la Ley Bases 2. Es la verdadera revancha política de Milei. Ahí irán nuevamente una ola de privatizaciones, entre ellas, Aerolíneas Argentinas y la TV Pública. Todo lo que quedó afuera del desguace con el que estrenó la presidencia. Habrá además otro achique en el Estado. La orden del ministro de Desregulación es una baja del 20% de la planta de empleados, básicamente, contratados, para esta primera etapa del año.

Sin ningún poder de fuego, el peronismo ni siquiera logra salir de la interna eterna del PJ bonaerense. La disputa tiene tanta raíz personal que ya irrita hasta a los más cercanos colaboradores de Axel Kicillof. La jugada de Máximo Kirchner de instalar en los medios que le propuso al gobernador que presidiera el partido no tuvo, 48 horas después, un contraataque del axelismo. El mensaje que instala la movida camporista es “no gano pero decido”. Enfurecidos, desde las cercanías del mandatario provincial todavía mastican bronca pero en lugar de posicionarse al frente, sólo atinaron a negar la propuesta. Lo que sucedió fueron conversaciones informales de enviados alternativos, como Federico Ortermin, que dan vuelta desde hace rato. Máximo, con su estilo, salió a marcarle la cancha en público y apurar una definición. “Él quiere quedarse con una cuota de poder y nosotros entramos”, reflexiona un integrante del gabinete provincial. En La Plata ahora no descartan que Axel finalmente recale en el PJ bonaerense. Mientras tanto, arman las listas para presentar el próximo 8 de febrero, como amenaza ante la falta de acuerdo. Los términos de cómo se desarrolle la discusión también están en juego. Piden que Máximo levante el teléfono, llame a Axel, pacten una reunión en La Plata, y acuerden ahí la unidad, bajo la condición de tener el control mayoritario del partido.

Fuente: telam