El comunicado fue firmado por Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

El Gobierno nacional incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso la discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal para adolescentes, en un contexto marcado por el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, cuya principal sospechosa es una menor de 16 años. Desde el Ejecutivo consideran que esta reforma busca “alinear” la legislación argentina con la mayoría de los países de la región, donde la responsabilidad penal comienza a edades más tempranas, como ocurre en Chile, Colombia y Perú con 14 años, y en Brasil y México con 12 años.

Tras el recambio legislativo, el dictamen sobre el asunto perdió estado parlamentario y, como resultado, el debate debe reiniciarse desde cero. Sin embargo, referentes de La Libertad Avanza adelantaron que Uno de los aspectos centrales del proyecto es el establecimiento de 14 años como la edad mínima de responsabilidad penal, una cifra acordada tras presiones de aliados como el PRO y la UCR. La iniciativa define una pena máxima de 15 años de prisión exclusiva para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, priorizando, para los delitos con sanción de hasta tres años, alternativas a la privación de libertad como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o reparación del daño. La privación de libertad queda limitada a casos extremos y como recurso final, reservándose el encarcelamiento para situaciones graves, prohibiendo en cualquier caso la reclusión perpetua, aun en concurso de delitos.

El proyecto contempla la creación de institutos especiales para menores condenados, garantizando el acceso a la educación, atención médica y tratamiento en casos de adicción. Además, establece que el personal encargado se especialice en infancia y adolescencia, e impone la prohibición absoluta de coexistencia entre menores y presos adultos.

El reemplazo de la cárcel por estas herramientas se permite en casos cuya pena no exceda los tres años de prisión, o los diez años si no se produjo muerte ni violencia grave, siempre que exista dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y se escuche la opinión de la víctima. También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y el consentimiento expreso de la víctima. Además, se incluyen medidas complementarias como programas educativos, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, junto con la prohibición del consumo de alcohol y estupefacientes. El cumplimiento queda bajo la órbita de un supervisor especializado designado por el juez, con formación acreditada en áreas como educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el dictamen de mayoría incorpora un capítulo particular para la atención de inimputables, delineando el rol de equipos interdisciplinarios y organismos protectores de derechos, y contempla la responsabilidad civil de los padres por los hechos cometidos por sus hijos. Por otro lado, otorga a las víctimas acceso gratuito a patrocinio jurídico, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y el derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.

Fuente: telam