“No hizo nada para detener el consumo ni para brindarle la asistencia médica necesaria para compensarse y que ella, en ese estado, no podía procurarse por sí misma”, consta en el requerimiento. La acusación sostiene que los hechos se desarrollaron en un contexto sexualizado.

En este sentido, el MPF concluyó que Emmily Rodrigues Santos Gomes consumió tussi, cocaína y alcohol desde el inicio de la reunión, todas suministradas por el acusado. Los informes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) determinaron que el tussi pertenece al grupo de alucinógenos sintéticos, cuyos efectos pueden extenderse entre 4 y 8 horas, provocando euforia, alteraciones sensoriales, paranoia y pánico, entre otras reacciones.

Agregaron que, incluso al percibir la descompensación de la víctima, el imputado continuó la reunión y no le ofreció ayuda ni atención médica, lo que derivó en el desequilibrio psíquico de la joven, percibido por testigos y registrado en los audios del 911, y en su posterior caída desde la ventana, tras la cual falleció en el Hospital Fernández.

Para el MPF, “al nacer ese riesgo para la integridad física y la vida de Emmily, nació el deber de actuar por parte de Sáenz Valiente (posición de garante) derivado de la creación, control y dominio de un escenario de riesgo: la realización de una reunión en su domicilio, donde se estaban consumiendo estupefacientes provistos y pagados por él, disponibles para todas las mujeres que había convocado para ello”.

El análisis del caso incorpora la perspectiva de género. Los fiscales Gentili y Labozzetta destacaron que los hechos deben ser interpretados conforme a la normativa nacional e internacional de protección de los derechos de las mujeres.