A partir de la denuncia, otras madres de aspirantes solicitaron una reunión de emergencia en la sede de Bomberos, donde presentaron capturas de pantalla de mensajes enviados por Santi a otros menores. En esos mensajes, el imputado realizaba invitaciones de carácter sexual y comentarios inapropiados. La madre del denunciante intentó formalizar su pedido de que Santi fuera apartado del cargo, pero según el abogado querellante, la familia del acusado integraba la Comisión Directiva de la institución y las notas presentadas no ingresaron a las actas oficiales.

En octubre de 2025, cuando la causa estaba por ser elevada a juicio, la defensa de Santi cambió de patrocinio y designó como abogado a un ex integrante de la fiscalía que había instruido el caso. La querella denunció la situación ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Villa María. El 19 de diciembre, el ex funcionario renunció a la defensa y la abogada Teodora Perassi se hizo cargo del caso, solicitando la domiciliaria para Santi.

En diciembre pasado, los abogados del condenado presentaron un informe médico que acreditaba un cuadro depresivo y un deterioro en su salud mental. Argumentaron que el condenado presentaba síntomas de tristeza intensa, pérdida de interés y deseos de vivir, lo que fue considerado por la Fiscalía para otorgar el beneficio.

Desde el 22 de diciembre, Santi cumplía el arresto en la casa de su padre en Villa María.