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28/01/2026

Los detalles del Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad

Fuente: telam

El año pasado el Gobierno envió un proyecto al Congreso que llegó a dictaminarse en comisión, pero nunca se trató en el recinto. Había logrado el apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Qué proponía

>El gobierno nacional confirmó este lunes que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad se sumará al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Si bien el debate sobre cómo abordar los delitos cometidos por menores lleva décadas, el año pasado el oficialismo había avanzado considerablemente y hasta llegó a firmar un dictamen de mayoría en comisión. El texto había quedado listo para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados, pero la falta de consensos y otras urgencias políticas hicieron que quedara relegado.

El texto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un despacho de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

Finalmente, por presión de aliados como el PRO y la UCR, la edad mínima quedó fijada en 14 años. Por otro lado, se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, pero dando prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso. En tanto que el proyecto original del Gobierno permitía penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

Este punto fue uno de los que generó algunas controversias con los gobernadores, que reclamaron que Nación envíe partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.

Entre las penas alternativas a la prisión se establecían la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas estaba prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitaba la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluían programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas debía ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

El proyecto disponía que los procesos fueran reservados y prohibía la difusión de la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa de este derecho. Además, exigía la intervención de la asesoría tutelar y la comunicación a los padres o responsables desde el inicio del proceso. El juez podía disponer medidas protectoras adicionales para salvaguardar la integridad del adolescente.

Por su parte, las víctimas cantarían con derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.

Fuente: telam

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