>Luego de la reunión de mesa política, el Gobierno Nacional diseña los planes para avanzar en la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil y tiene en mente la idea de consensuar el proyecto con los sectores de la oposición que presentaron iniciativas similares para obtener los consensos necesarios que les permita su aprobación. Pese a haberla incluido en el temario de sesiones extraordinarias, en Casa Rosada debaten los plazos de su tratamiento y mientras hay quienes anticiparon a Infobae que podría quedar relegado para el año legislativo que iniciará el 1° de marzo, otros se mostraron dispuestos a aprobarlo este verano.

“Hay varios proyectos presentados. La idea es unificar y buscar consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos generar los consensos”, explicó a este medio una importante fuente involucrada.

La determinación de incluir la Ley Penal Juvenil al temario de extraordinarias fue adoptada esta mañana por la mesa política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta mañana bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, aún hay debates al interior del reducido equipo legislativo que sabe que el tratamiento demandará más tiempo del establecido para la prórroga de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mes.

“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo, dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos. Quizás se empieza a tratar ahora y se continúa en extraordinarias. Hay que ver, pero lo cierto es que con los feriados de Carnaval hay pocos días”, explicó una importante fuente del ecosistema libertario.

El tema volvió a instalarse en la agenda mediática en los últimos días a raíz del caso de El proyecto que apuntaba a reemplazar la Ley de Minoridad, vigente desde 1980, propone establecer también un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 13 y 18 años, con el objetivo de adecuar la normativa argentina a los estándares regionales. “En Brasil, está establecido a los 12 años y en Uruguay a los 13″, argumentó una fuente legislativa.