>A partir de los resultados de la Encuesta Inquilina 2025, elaborada por la Universidad Nacional de San Martín, las condiciones de alquiler en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) muestran un deterioro marcado en comparación con años anteriores, con contratos más cortos y aumentos más frecuentes como rasgos predominantes del mercado.

En paralelo, un 17% alquila con contratos de un año o menos, y otro 17% indicó que no tiene un plazo total definido. Estos datos reflejan un cambio significativo respecto de períodos anteriores, cuando los contratos de tres años eran mayoritarios.

La reducción en la duración de los contratos se combina con un aumento en la frecuencia de los ajustes. Casi la mitad de los hogares inquilinos del AMBA, el 48%, enfrenta actualizaciones del precio del alquiler cada tres meses. A esto se suma un 21% con ajustes semestrales y un 15% con aumentos cuatrimestrales. De este modo, casi nueve de cada diez hogares tiene incrementos más de una vez al año, un nivel superior al registrado en relevamientos previos.

En cuanto a los mecanismos de actualización, la mayoría de los contratos utiliza índices oficiales. El 34% se ajusta por el Índice de Contratos de Locación (ICL) y el 33% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, un 15% de los contratos no tiene un índice definido y otro 12% utiliza criterios distintos. El pago del alquiler en dólares aparece como un fenómeno marginal: solo el 3% de los hogares inquilinos del AMBA declaró abonar en esa moneda.

No obstante, el informe indica que en el 80% de los casos en los que interviene una inmobiliaria, los honorarios son cobrados a la parte inquilina. En la Ciudad de Buenos Aires, esta práctica se registra en el 61% de los alquileres intermediados, pese a que la normativa vigente establece que la comisión debe ser afrontada por el propietario. El estudio destaca que esta situación “agrega una carga inicial considerable al momento de ingresar a una vivienda”.

El deterioro de las condiciones contractuales se da en un contexto de creciente presión del alquiler sobre los ingresos. Entre 2024 y 2025, la proporción de hogares que destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler pasó del 38% al 57%. En sentido inverso, quienes destinan menos de un tercio de sus ingresos cayeron del 33% al 21%, alejándose de los estándares internacionales que recomiendan no superar ese umbral.