>La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un procedimiento completamente digital para la modificación y denuncia del domicilio fiscal, mediante que fue oficializada mediante la Resolución General 5809/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La resolución establece que la gestión del domicilio fiscal será 100% digital, eliminando la necesidad de trámites presenciales y el uso del correo postal. Desde la fecha de entrada en vigencia, los contribuyentes deberán realizar la actualización de esa información exclusivamente a través del Sistema Registral. El acceso al servicio requerirá Clave Fiscal nivel 3 o superior. El objetivo central de la medida apunta a simplificar los procesos internos, minimizar errores y agilizar la operatoria para los usuarios.

Cuando el domicilio fiscal que se pretende informar no aparece entre los previamente verificados por el organismo, el contribuyente debe cargar los datos manualmente y adjuntar un comprobante digital que respalde la información. ARCA dispone de un plazo de 7 días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud. Si la documentación presenta inconsistencias, el usuario cuenta con 30 días corridos para corregirlas. De no subsanarse los errores, el domicilio queda registrado como “Inexistente-Desconocido”.

La actualización del domicilio fiscal mediante el nuevo procedimiento digital requiere completar una serie de pasos en el Sistema Registral. Para realizar el trámite correctamente, se deben seguir estas instrucciones:

En cuanto al régimen sancionatorio, la Ley 27.779, conocida como “de Inocencia Fiscal”, establece un plazo de 10 días hábiles administrativos para informar el cambio de domicilio fiscal. Si el contribuyente no cumple con este plazo, la infracción puede derivar en multas que van desde $150.000 hasta $35.000.000. Antes de la reforma, las sanciones por este tipo de incumplimiento oscilaban entre $150 y $45.000. Este incremento en los montos busca reforzar la obligación de mantener actualizados los datos ante la administración.

El tributarista Sebastián Domínguez analizó el impacto de la reforma y sostuvo: “El nuevo procedimiento redefine de manera significativa la forma de registrar, validar y controlar el domicilio fiscal”. Domínguez remarcó que “la eliminación de la verificación postal y la centralización del trámite en plataformas digitales simplifican el proceso para los contribuyentes, pero trasladan una mayor responsabilidad en cuanto a la consistencia y respaldo del domicilio declarado, especialmente cuando no se trate de domicilios previamente verificados”.

El especialista expresó también que la suba de los montos de las sanciones no incluyó un esquema de graduación diferenciada por categorías de contribuyentes, lo que puede generar situaciones de desproporción. “Una multa cuyo tope alcanza los $35 millones puede resultar razonable para grandes contribuyentes, pero impagable para pequeñas y medianas empresas, incluso tratándose de incumplimientos formales”, señaló Domínguez.

Domínguez recomendó que los usuarios revisen la información antes de confirmarla, mantengan actualizada la documentación respaldatoria y controlen el estado de cada trámite en el sistema digital de ARCA. Sostuvo que la ausencia de parámetros objetivos vinculados al tamaño, capacidad económica o volumen de operaciones debilita el principio de razonabilidad en la aplicación de las sanciones y puede derivar en planteos administrativos y judiciales.

Fuente: telam