>El Gobierno publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la ley de inteligencia, con el que le dará mayor poder a la SIDE, que seguirá controlando todo el sistema de espionaje, pero ahora tendrá autoridad para requerir información a organismos del Estado, además de sumar facultades, como la posibilidad proveer su propia seguridad y detener a personas ante hechos de flagrancia.

“La reforma moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles”, sostuvieron fuentes del Poder Ejecutivo respecto de esta medida.

“Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, señala el artículo 2° bis del texto del DNU al que accedió Infobae.

“Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general“, se aclara.

La norma también amplía y especifica las atribuciones de la SIDE. La coloca al frente de la planificación del esfuerzo estatal en materia de obtención y análisis de información estratégica, le otorga la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la vincula con otros organismos nacionales y extranjeros en la materia.

Uno de los puntos más novedosos del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado y bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que tendrá la responsabilidad de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos (…) y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.

El decreto crea además dos ámbitos de coordinación interinstitucional. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional reúne a los organismos de espionaje con áreas especializadas que cumplen tareas similares dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otros entes con competencias afines. Su finalidad es facilitar el trabajo conjunto y la articulación permanente bajo la conducción de la SIDE.

“La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de la Presidencia de la Nación establecerá la organización, el funcionamiento y los procedimientos técnicos mediante los cuales los miembros de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) deberán suministrar la información“, marca la norma.

El texto dedica un párrafo específico a la protección de instalaciones, bienes y empleados de los organismos incluidos en el sistema. Se establece que estos podrán proveerse sus propios mecanismos de seguridad y repeler o hacer cesar agresiones que los afecten.

También, en el artículo 19, se prevé que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

Las autoridades nacionales remarcan que los objetivos generales de esta medida son, entre otras cuestiones, mejorar la integración del sistema de inteligencia con los subsistemas criminal, militar y financiero, eliminando duplicaciones y superposiciones y “fortalecer la confianza ciudadana mediante mayores controles legales, presupuestarios y técnicos”

Fuente: telam