Sobre esta base metodológica, el informe presentó dos escenarios. En el primero, supuso que los tres primeros eslabones de la cadena productiva correspondieron a establecimientos de gran tamaño, mientras que el último eslabón, el comercio minorista, operó como un negocio pequeño. En el segundo escenario, asumió que todos los eslabones funcionaron como establecimientos grandes, como ocurrió en el caso de los hipermercados.

Cuando el informe analizó la estructura de la carga tributaria en este escenario, mostró que el IVA concentró el 41,2% del total de impuestos incluidos en el precio final. La Seguridad Social explicó el 22,2% de la carga, Ingresos Brutos el 18%, el Impuesto a las Ganancias el 10,5%, el Impuesto al Cheque el 4,5% y la TISH el 3,5% restante. De este modo, el estudio evidenció que la mayor parte del peso impositivo provino de tributos indirectos y aportes obligatorios distribuidos a lo largo de toda la cadena.

La estructura de la carga tributaria en este segundo escenario mostró un incremento en la participación relativa de Ingresos Brutos y de la TISH respecto del caso de los comercios minoristas pequeños. En contrapartida, el resto de los tributos redujo su participación porcentual dentro del total, aunque sin cambios relevantes en su incidencia directa sobre el precio final que pagó el consumidor.

Así, el análisis del IARAF permitió observar cómo se conformó el precio final de un alimento a partir de la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales, junto con aportes previsionales obligatorios. El resultado mostró que una porción significativa del monto que pagó el consumidor correspondió a obligaciones fiscales que se sumaron en cada etapa de la cadena productiva y comercial, desde el proveedor de insumos hasta el comercio minorista.

Fuente: telam