La investigación incorporó documentación abundante de denuncias previas por violencia de género, amenazas, episodios de encierro y agresiones físicas y verbales. Los informes judiciales y policiales referencian llamadas reiteradas al 911, órdenes de exclusión y medidas perimetrales resueltas por el fuero de familia local, así como intervenciones relacionadas con un contexto de alta vulnerabilidad, tanto por la condición de mujer de la víctima como por un probable trastorno mental y la situación de discapacidad del niño.

Sin embargo, la sentencia es clara al resaltar la imprudencia criminal del acusado: “El acusado, al haber encerrado a las víctimas, generó un riesgo que se concretó en la muerte de ambas”. La hipótesis judicial concluye que, de haber contado con libertad ambulatoria, es probable que las víctimas hubieran podido escapar o pedir auxilio a tiempo. La autopsia reveló además lesiones recientes en el cuerpo de Macarena, compatibles con el maltrato denunciado de manera reiterada.

El fallo señala: “La oposición del Particular Damnificado y de las demás víctimas indirectas no constituye óbice para la procedencia formal del acuerdo”.

En cuanto a la calificación legal, el juez descartó la figura del abandono de persona incapaz, sosteniendo que si bien el niño era discapacitado, se encontraba al cuidado de su madre sin restricción judicial para ejercer esa función. El delito atribuido es la privación ilegal de la libertad agravada, por darse contra una mujer que debía ser protegida en razón de su vínculo con el acusado, y el homicidio culposo agravado por el número de víctimas, dado que la muerte resultó por la imprudencia al generar una situación de riesgo letal.

La fecha de vencimiento de la pena de Fernández quedó establecida para el 29 de noviembre de 2030, luego de descontar el periodo de prisión preventiva cumplido desde su detención el 30 de mayo de 2024.