La información recibida impulsó a los efectivos federales a poner en conocimiento de los hechos al Juzgado Federal de Puerto Iguazú, conducido por el juez Marcelo Cardozo y la Secretaría de Carla Salomé Lentini.

Una de las primeras medidas adoptadas por la fuerza consistió en solicitar a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informes sobre el producto en cuestión. El organismo respondió que el aceite involucrado no figuraba en la base de datos oficial, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de una mercadería fuera de todo control sanitario.

“Se trataba de productos falsificados, elaborados sin ningún tipo de control sanitario y en clara infracción a la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria, constituyendo un riesgo para la salud pública”, señalaron las fuentes oficiales.

A partir de las pruebas reunidas, el juzgado ordenó la realización de siete allanamientos simultáneos. Durante los procedimientos, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA detuvieron al principal investigado y secuestraron 2.190 bidones de aceite de oliva adulterado, siete tanques de acero con capacidad de 10.000 litros cada uno y dos tanques de 20.000 litros.

El detenido fue puesto a disposición del juez interviniente, junto con los elementos secuestrados, en el marco de la causa caratulada como “tráfico de mercaderías peligrosas para la salud”.

Fuente: telam