>El Gobierno va a conseguir sancionar el Presupuesto 2026. Será a finales de año o en los primeros días del próximo, pero lo tendrá. Esto se corresponde con los movimientos que realizaron en la cúpula de la Casa Rosada en los días siguientes a que se consiguiera la media sanción proveniente de la Cámara de Diputados.

Hay dos integrantes de la Mesa Política que afirmaron que la idea principal es aprobar el proyecto tal y como está en el Senado. De ser así, se ahorrarían tener que pasar por Diputados.

Antes de la decisión, otro importante integrante del oficialismo le había afirmado a Infobae: “Cada uno tiene su ego y su orgullo. Patricia querrá meter todas derogaciones que pide Javier o mandarlos a la mierda porque es la cara del Senado. No lo sé. Nos gustaría más que estén las derogaciones, pero si vemos que no es conveniente hacerlo, no nos desvela”.

Esa parte no había sido prevista por quienes negociaron la ley. La mayoría de los aspectos que formaron parte del Capítulo XI llegaron el lunes. Ese texto no habría estado consensuado por todas las partes. “Ganó un ala del Gobierno que quería derogar ambas leyes sí o sí. En la oposición reconocían que si había modificaciones en la Ley la iban a apoyar”, esgrimió una fuente.

“Desde el momento en que se bajaron (Osvaldo) Jaldo y (Raúl) Jalil, sabíamos que había probabilidad de que no saliera”, cuenta un integrante del bloque de La Libertad Avanza. Otro ladero suyo respalda esa mirada: “El texto no te daba margen de poder modificarle nada y comprometía a varios de nuestros aliados. ¿Cómo se iba a dar vuelta dos proyectos que consiguieron ratificarse con dos tercios?”.

El proyecto de Presupuesto contemplaba un mecanismo que permitiría al Poder Ejecutivo calcular los ingresos que las distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante la emergencia tarifaria y utilizar ese crédito para compensar deudas con Cammesa, siempre que las empresas renunciaran a reclamos judiciales.

Las dos principales distribuidoras nacionales buscaban saldar deudas con Cammesa cercanas a los USD 400 millones. Para las distribuidoras bajo jurisdicción provincial o municipal, el esquema era similar, aunque con una diferencia fundamental: la Nación no asumía la deuda. Las provincias debían aceptar el procedimiento fijado por la Secretaría de Energía, reconocer como propia la deuda de sus distribuidoras con Cammesa y cancelarla aplicando directamente créditos que ya tuvieran contra el Estado nacional.

A diferencia de otros reveses legislativos, el oficialismo accionó esta vez más rápido y de manera mucho más coordinada. Horas después de que saliera la votación del Capítulo XI, Milei convocó para ese jueves a la tarde a su Mesa Política y estableció que el proyecto debía salir como fuera posible: se comprometió con el FMI para que así sea. Por ese condicionamiento debe ser que el mercado no tuvo desempeños profundamente negativos.

Hubo dos reuniones clave en Casa Rosada. Una de ellas se dio el jueves, liderada por el Presidente; y otra el viernes, la cual fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Por esos encuentros pasaron al menos una vez la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.