>El 4 de diciembre recién pasado, la estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, Paloma Ulloa Arancibia (19 años), murió en el cerro Playa Ancha de esa ciudad mientras cruzaba debidamente un paso peatonal, luego de ser atropellada por un conductor de un bus de pasajeros que quedó en prisión preventiva al dar positivo en el test de marihuana y cocaína.

Ambos casos se suman a decenas de otros similares ocurrido a lo largo del país en los últimos años, razón por la cual un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que establece controles preventivos a conductores del transporte remunerado de pasajeros, y endurece las penas a quienes protagonicen siniestros con resultado de muerte estando al volante.

El proyecto fusiona dos mociones: una impulsada por el diputado Luis Cuello que obliga a las empresas de transporte de pasajeros a realizar test de alcohol y drogas a diario, y otra de su par, Carolina Marzán, que propone controles semestrales con severas sanciones para las empresas que no los realicen.

De acuerdo a Marzán, “los accidentes ocurridos este año han sido tremendamente dolorosos e impactantes y es urgente avanzar en narco test y alcohol test a los choferes”.

Cabe destacar que el Gobierno otorgó suma urgencia a esta iniciativa a principios de diciembre a fin de agilizar su despacho al Senado, por lo que una vez que la “Ley Alberto” sea aprobada, la misma comisión se abocará a discutir otro proyecto presentado por la parlamentaria Flor Weisse, que va más allá y modifica la Ley de Tránsito, buscando decretar ipso facto la medida cautelar de prisión preventiva para aquellos conductores que provoquen lesiones graves o la muerte en un accidente.

Fuente: telam