>La lucha contra el juego ilegal online sumó un capítulo resonante en la provincia de Buenos Aires, donde la Lotería bonaerense denunció penalmente a 300 sitios de apuestas clandestinas por explotación ilegal, presunto lavado de activos, evasión fiscal y, especialmente, exposición de menores de edad a servicios prohibidos. Las presentaciones, efectuadas ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, buscan frenar el acceso a estas plataformas y lograr el inmediato bloqueo nacional a través del ENACOM, profundizando la ofensiva institucional ante un fenómeno que afecta tanto la economía provincial como la salud pública y la protección de la infancia y la adolescencia.

“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, remarcó Atanasof al presentar la denuncia. La estrategia legal va más allá del cierre de páginas e incluye el pedido de avanzar en la identificación de los responsables y administradores de los sitios, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos y desmantelar la estructura financiera y operativa de las organizaciones.

La denuncia pide al ENACOM que proceda con el bloqueo inmediato de las 300 páginas identificadas, para impedir tanto el acceso como el funcionamiento de estos sitios en todo el territorio nacional. Se señala que la evasión tributaria lesiona la recaudación estatal y suma un componente de competencia desleal frente a operadores legales y fiscalizados, afectando la financiación de áreas sensibles como salud, deporte y asistencia social, que se nutren de los fondos recaudados por los juegos habilitados.

El avance del juego ilegal digital plantea un doble desafío para el Estado. Por un lado, la necesidad de articular respuestas técnicas y legales que acompañen la velocidad de adaptación de las plataformas, que mudan domicilios web, utilizan criptomonedas y simulan habilitaciones. Por el otro, la urgencia de diseñar campañas de prevención, educación y sensibilización orientadas a adolescentes, familias y entornos escolares. La ausencia de controles eficientes y de políticas nacionales coordinadas, advierte Atanasof, vuelve insuficiente la estrategia de “denunciar sitio por sitio” y exige marcos regulatorios inéditos para un delito en constante mutación.

Fuente: telam