En cuanto a la actividad que realizó el ingeniero Pablo Ascolani -autor de informes técnicos favorables sobre la estructura edilicia en los años 2014 y 2016-, para el club y a pedido de las autoridades, Ginóbili afirmó que su tarea fue certificar la cantidad de metros que estaban construidos, pero no la seguridad de las instalaciones.

Al finalizar su declaración, se le dio a conocer el delito que se le imputa: estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

El 16 de diciembre de 2023, un violento temporal con ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora azotó a la ciudad de Bahía Blanca y alrededores, y provocó el derrumbe de una estructura en el Club Bahiense del Norte, donde se desarrollaba una exhibición de patín.

El colapso causó 13 muertos y dejó decenas de heridos, pero también una profunda huella de dolor en la historia de Bahía Blanca. Ese sábado fue uno de los días más trágicos de la ciudad. Incluso, movilizó a la zona del desastre al presidente Javier Milei y a los por entonces ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.

La catástrofe destruyó barrios, derribó 14.000 árboles, dañó 150 escuelas, afectó a 10.000 viviendas y obligó a 350 personas a evacuarse.

En ese contexto, el fiscal Aguilar avanzó con nuevas imputaciones en la investigación que busca determinar responsabilidades penales por el derrumbe del club.

Además, el fiscal remarcó que Ginóbili conocía que el club no contaba con habilitación municipal vigente y que el Código de Habilitaciones prohibía expresamente el desarrollo de actividades en instituciones sin aprobación definitiva.

Por otra parte, Aguilar también imputó a Laura Fabiana Soberon, quien se desempeñaba como responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca. La funcionaria fue convocada a prestar declaración indagatoria el 4 de diciembre y está acusada del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal determinó que Soberon habría incumplido su obligación de fiscalizar y detener los eventos desarrollados en un espacio aún no habilitado.

Fuente: telam