“La administración buscó proteger a inversionistas y minoristas estadounidenses que venden productos nicaragüenses, asegurándose de que no haya intromisión de insumos de países no Cafta”, dice.

Las medidas se anuncian un par de días después de que la Embajada de Estados Unidos en Managua lanzara una intensa campaña digital recordando los abusos del régimen en vísperas del veredicto comercial.

El informe que dio origen a estas sanciones documentó un patrón sistemático de represión: persecución religiosa, cierre de medios, encarcelamiento de opositores, desapariciones forzadas, torturas, expropiaciones masivas, cancelación de organizaciones de derechos humanos, intervención del Poder Judicial y anulación completa de elecciones libres.

En ese contexto, Washington decidió no tocar el DR-Cafta. Suspender o expulsar a Nicaragua del acuerdo hubiera afectado de inmediato a productos que representan la principal fuente de empleo formal del país, particularmente en zonas francas.

Para el opositor Félix Maradiaga, la decisión de Washington no debe interpretarse como un gesto de indulgencia hacia el régimen de Ortega.

Maradiaga destaca que la decisión de no suspender los beneficios del DR-Cafta responde al objetivo de evitar daños inmediatos en las cadenas de suministro y de no castigar al trabajador nicaragüense, quien vive bajo represión y pobreza. A su juicio, la medida combina presión firme sobre la élite gobernante con un cierto nivel de protección hacia la población, que no es responsable de las decisiones del régimen, pero sí su principal víctima.

Dice también ver “que Washington quiso leer ciertas señales del régimen, como algunas excarcelaciones”, y optó por una respuesta gradual. “El riesgo es que parte del empresariado siga empujando por una ´normalidad´ comercial con una dictadura que no ha hecho reformas de fondo ni ha detenido la represión”, concluye.