>De manera trasversal y por amplio quórum, el Senado chileno falló a favor la Acusación Constitucional (AC) contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, acusado de “notable abandono de deberes” por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla, cuyo teléfono celular destapó el Caso Audios, una red de tráfico de influencias que golpeó a políticos, empresarios y jueces.

Aunque estaba suspendido, el magistrado seguía en su cargo pues la Corte Suprema no logró el quórum para destituirlo, a fines de septiembre pasado. Debido a esto, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini levantaron el juicio político en su contra, el que tuvo el visto bueno incluso de los candidatos presidenciales de distintos sectores como Jeannette Jara (Unidad por Chile), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y el líder libertario Johannes Kaiser.

Apenas llegó al Congreso Nacional, Ulloa se mostró tranquilo y aseguró a la prensa apostada en el lugar que la AC en su contra no era más que una “vendetta política” de parte de Manouchehri y Cicardini, a fin de ganar votos en tiempos electorales.

Ya en el juicio, su defensa, a cargo del abogado Domingo Hernández, arguyó que la Corte Suprema ya lo había “investigado y sancionado disciplinariamente (...) por estimarse que las imputaciones formuladas en su contra no tenían la gravedad necesaria para ameritar una sanción superior”.

De la misma opinión fue el socialista Juan Luis Castro, quien señaló que “cuando la justicia se ve comprometida por actos de parcialidad, filtración e influencia, no estamos frente a un error, sino que estamos ante una falta de deberes esenciales que la democracia no puede tolerar”.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ulloa ingresó al Poder Judicial en 1989 como oficial tercero del 4° Juzgado del Trabajo de Santiago y fue subiendo poco a poco en el escalafón judicial. En abril de 2021 asumió en plena pandemia el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Llevaba 36 años en el Poder Judicial.