La legislación había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y luego vetada por el presidente Javier Milei. Si bien aquella derogación presidencial posteriormente resultó nuevamente rechazada - al no obtener los dos tercios necesarios para sostener el veto-, el Poder Ejecutivo se las ingenió para promulgarla, pero suspendiéndola de hecho con el argumento de que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento.

A través de un plenario de secretarias y secretarios generales, Conadu definió por mayoría la convocatoria al paro de 72 horas, luego de una consulta nacional que involucró a la comunidad universitaria de todo el país. Se logró un consenso en torno a la necesidad de una medida de fuerza de alcance federal.

El plenario de Conadu también expresó solidaridad con las y los docentes de ADUFOR, quienes denunciaron persecución y sanciones por razones políticas por parte de la conducción de la Universidad Nacional de Formosa.

La entidad sindical también remarcó como motivos de la huelga el deterioro del poder adquisitivo y la ausencia de una respuesta oficial que obligan a exigir la “inmediata convocatoria a paritarias” y a reclamar la vigencia plena de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar condiciones dignas de trabajo, según se indicó en las resoluciones del congreso.

Con una posición más expectante, la FAGDUT, que interviene en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), difundió un comunicado en el que declaró el “estado de alerta” por la situación de la docencia universitaria. El secretario general, Ricardo Mozzi, precisó que presentarán una carta documento para exigir la apertura urgente de paritarias, con un plazo máximo de 48 horas al Poder Ejecutivo.

Los otros gremios de la actividad, como FATUN y FEDUN, aún no se pronunciaron públicamente con relación a las medidas de fuerza. En cambio, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), encuadrada en la CGT y encabezado por el sindicalista Sergio Romero, optó en los últimos meses por explorar la vía de la negociación con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita la definición del presupuesto universitario.