>Tras salir de la cárcel de Miraflores, la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez (2019-2020) anunció que iniciará procesos judiciales contra quienes promovieron las causas que la llevaron a estar detenida en prisión por casi cinco años.

“Fueron instituciones como la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, con sus abogados, su gente y políticos como Evo Morales, quienes violaron mis derechos”, manifestó en un contacto con los medios locales al llegar a su vivienda en La Paz.

Ese fallo fue anulado el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia y los otros cargos por los que cumplía detención preventiva fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que sean tratados mediante juicio de responsabilidades, un mecanismo exclusivo para mandatarios y altas autoridades.

En sus primeras palabras tras recuperar la libertad, Añez denunció haber sido tratada “como la peor delincuente” y se declaró víctima de “una competencia de acusaciones”. Defendió su inocencia y dijo que siempre actuó de buena de fe.

Áñez fue sentenciada en junio de 2022 acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumir la Presidencia del Estado tras la renuncia de Morales. La crisis política fue interpretada por los leales al Gobierno como un “golpe de Estado” mientras que la oposición consideraba que fue consecuencia de un fraude electoral en los comicios fallidos de 2019.

En Bolivia, el caso desató intensas discusiones sobre la judicialización del conflicto político, la forma en que asumió el poder y las represiones militares durante las primeras semanas de su gobierno en las que murieron más de 30 civiles y que fueron calificadas como “masacres” en un Su excarcelación también generó controversia. Mientras activistas anunciaron acciones ante organismos internacionales para exigir justicia por las víctimas de su Gobierno, otros actores políticos, dentro y fuera de Bolivia, celebraron lo que consideran que constituye un acto de reparación judicial.