31/10/2025
El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado
 
                                                                Fuente: telam
La Justicia de La Pampa ratificó la condena contra Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, por el delito de abuso genérico de autoridad
>La Justicia de La Pampa confirmó en las últimas horas El fallo fue dictado por el Tribunal de Impugnación Penal y ratificó la pena contra Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, según informaron desde el Poder Judicial de La Pampa a través de sus canales oficiales y reprodujo el portal Infohuella.
De esta manera, Galván deberá afrontar un año y tres meses de prisión en suspenso por el delito de abuso genérico de autoridad. Además, quedó inhabilitado el doble del tiempo de la condena para trabajar en cualquier cargo o empleo público.Los magistrados destacaron que el juez de primera instancia, Andrés Olié, había dado un análisis minucioso de los testimonios de los agentes y de los presos, y que no hubo contradicciones graves entre los hechos expuestos en la acusación y los que finalmente se dieron por probados.
El 31 de mayo de 2024, Cristian Galván, entonces jefe de la subcomisaría de Lonquimay -un pueblo de dos mil habitantes ubicado sobre la ruta nacional 5, a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa-, organizó su fiesta de casamiento en un pub ubicado a solo una cuadra de la dependencia policial.
Ese día, cuatro presos (Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Dante Sánchez) bajo su custodia fueron llevados hasta el salón sin autorización judicial para cumplir tareas de mozos, asadores y encargados de la limpieza.También se informó que los detenidos fueron desde la subcomisaría hasta el lugar del evento caminando, algunos sin custodia. Y regresaron por sus propios medios a sus celdas luego de la celebración a la que asistieron alrededor de 35 personas.
De esa manera, su jornada de fuera de las celdas se extendió de 9 a 18 horas. Cabe remarcar que ninguno de ellos poseía autorización ese día para realizar diligencias fuera de la dependencia.La causa penal se inició luego de que el episodio se volviera “un secreto a voces” en el pueblo y las autoridades tomaran intervención tras las actuaciones internas en la sede policial. El caso llegó a juicio, donde varios de los involucrados se mostraron reticentes a declarar.Las consecuencias para Galván no solo fueron penales. Además de la suspensión e inhabilitación, el fallo ordenó la notificación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y estableció que el ex jefe policial debe fijar domicilio y someterse al control de un ente dedicado a la reinserción social durante dos años.
Fuente: telam
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