>Desde hace años, diputados y senadores de las más diversas identidades políticas proponen legalizar la eutanasia, con proyectos que apuntan a remover todas las barreras jurídicas para las personas que quieren terminar con su vida, ante un cuadro de salud grave o incapacitante. Emulando a otros países, El país fue uno de los pioneros en 2012 en la sanción de la Ley de Muerte Digna en 2012, que reconoce la posibilidad de rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento cuando la enfermedad es incurable o terminal. Se aprobó después del caso “Bahamonde”, donde la Corte Suprema de la Nación reconoció el derecho a la “eutanasia pasiva”. Menos suerte tuvo la denominada >Sin esta regulación, pacientes y familiares que desean poner fin al sufrimiento deben sortear un complejo y costoso camino judicial, que no siempre concluye garantizando ese derecho.

Los autores de las iniciativas atraviesan el conjunto del campo ideológico. Llamativamente, hasta ahora no lograron consensuar un texto para darle sanción.

Las características salientes de ese proyecto de 20 artículos apunta a garantizar la recepción de ayuda para morir a las personas en esas condiciones, estableciendo requisitos estrictos de capacidad, consentimiento y procedimiento, y derechos como el acceso a información, trato digno, confidencialidad, y como la cobertura total de la prestación en el sistema de salud público y privado.