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11/10/2025

Incertidumbre política y 4 temas pendientes: qué pide resolver la minería para invertir USD 30.000 millones

Fuente: telam

El sector espera que Nación y Provincias se pongan de acuerdo sobre el alcance de la ley de Glaciares. Los altos precios del oro, los bajos precios del litio y el peso abrumador del cobre

>La Argentina tiene enormes oportunidades en materia minera, con proyectos “de clase mundial” en cobre y litio y potencialidad en otros recursos. “Solo los más avanzados implicarían inversiones por más de USD 30.000 millones, pero al país le juega en contra su historial de incumplidor serial”, dijo Roberto Cacciola, recientemente reelecto presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Sin embargo, en este momento los inversores internacionales están a la espera del resultado de la elección del 26 de octubre, para evaluar si en función del resultado la Argentina seguirá siendo un país de “vamos viendo” o avanzará por la senda de levantamiento del cepo y atracción del capital contenida en el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), dijo el titular de CAEM .

Según Cacciola, la historia de incumplimientos de la Argentina, que en 2007 violó la ley de inversiones mineras que en los 90s había sido aprobada prácticamente por unanimidad (“Pino Solanas votó a favor”, recordó el directivo) es la principal fuerza contraria al desarrollo y ejecución de nuevos proyectos en el país, pese a sus ventajas competitivas.

“No tenemos minería informal. No tenemos el narcotráfico metido en la minería. No tenemos pasivos ambientales. Pero si el inversor extranjero sigue pensando que el país incumple los compromisos, eso no vale nada”, dijo Cacciola, quien aseguró que para decidir una inversión para una empresa extranjera es más importante estar convencida de que las normas (actualmente, para los nuevos proyectos, las del RIGI) se respetarán, que los cálculos de retorno sobre la inversión.

Del resultado de la elección legislativa, aseguró, “dependen las decisiones de quienes tienen que poner la plata”. Según Cacciola, “el mensaje que recibió el gobierno es que el diálogo se impone. No hay otra, porque los inversores tienen una perspectiva distinta y mucho más tiempo que nosotros porque en general tienen un mapa para elegir”.

El informe de CAEM señala que la carga tributaria para la minería en la Argentina se ubica en torno al 53% y es de las más elevadas a nivel global. El RIGI, explica, “pone en igualdad de condiciones a la minería argentina con la de otros países, alivianando la carga tributaria de los nuevos proyectos de inversión al 39%, quedando aún 1% por encima de Chile”.

Detalla además que hay en carpeta más de 20 grandes proyectos mineros (litio, cobre, oro y plata) que podrían triplicar las exportaciones minerales hacia 2030. “Solo los más avanzados –destaca- implicarían inversiones por más de USD 30.000 millones” y aclara que el RIGI “no implica un costo fiscal para el país, ya que habilita inversiones productivas que de otra forma no ocurrirían, las cuales tributarán con una carga fiscal similar a la de otros destinos mineros, como Chile o Perú”.

El informe precisa que el oro es hoy la principal exportación minera de Argentina, que tiene las cuartas reservas auríferas de América Latina, en plata es el décimo productor mundial, con 2,5% de la producción, en litio es el quinto, pero el segundo en recursos, y en cobre tiene 6 proyectos “de clase mundial en estadíos avanzados”.

Además de la incertidumbre política, Cacciola apuntó cuatro aspectos clave para consolidar la inversión minera, a saber:

Las empresas mineras necesitan una definición mucho más precisa que la contenida en la ley de Glaciares. Según Cacciola, la ley actual “protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera”. De hecho, en una reciente reunión conjunta de las Comisiones de Minería Energía y Combustibles del Senado y la de Minería de la Cámara de Diputados, el directivo explicó a los legisladores que la ley de Glaciares habla de “crioformaciones”, que pueden no tener importancia hídrica y que 75% de los proyectos de cobre, los de mayor volumen en términos de inversión, empleo y exportaciones, necesitan definiciones claras al respecto.

La solución, señaló, es la que ya indicó la Corte Suprema de Justicia cuando en junio de 2019 ratificó la constitucionalidad de la ley 26.639 “de preservación de Glaciares y del ámbito periglacial” (de octubre de 2010) pero pidió que Nación y Provincias se pongan de acuerdo sobre su alcance y aplicación.

Según Cacciola, mediante un acuerdo, la Nación podría delegar en las provincias para que sean éstas las que precisen cuáles son las áreas o activos protegidos. Sin esa precisión, señaló, las empresas se sienten inseguras sobre dónde pueden operar, sujetas a la posibilidad de que una demanda judicial frene sus operaciones, a un alto costo, durante meses e incluso años, hasta su resolución. “El fallo de la Corte fue clarísimo; dijo ‘señores, este no es un tema que tiene que resolver la justicia, es un tema que tiene que resolver la política, las provincias y la Nación tienen que ponerse de acuerdo’ ”, subrayó Cacciola.

Otro pedido del sector minero es la eliminación de las retenciones al litio y a la plata, en el primer caso, atendiendo a los bajos precios actuales, que se mantendrían uno o dos años más, y en el segundo para proveer una zanahoria e impulsar nuevos proyectos.

Tanto el litio como la plata pagan un “derecho de exportación” del 4,5% y según los cálculos de CAEM, el costo fiscal de la exención al litio sería de unos USD 40 millones anuales y USD 27 millones en el caso de la plata.

3-Proveedores locales

“Hay avidez porque vengan proveedores del exterior, en algunos casos para hacer cualquier tipo de trabajo. Eso no puede ser”, dijo Cacciola, y subrayó la necesidad de que los beneficios de la inversión minera lleguen a la gente, aunque aclaró que no está de acuerdo con fijar porcentajes o cupos, pues generan distorsiones y crean privilegios. Una cosa, dijo, es que la diferencia de precio entre un proveedor local y uno extranjero sea del 10% y otra que sea del 60%, porque un requisito básico de cualquier proyecto minero es que debe realizarse a costos competitivos.

Por último, es clave contar con infraestructura adecuada, en especial de energía, transporte y servicios básicos. Una primera cuestión es separar la responsabilidad de Nación y provincias, por ejemplo entre rutas nacionales y provinciales. Otra cuestión, dijo Cacciola, es que si una empresa invierte en infraestructura a la que también acceden y de la que se benefician otros sectores o actividades, se le “devuelva” al menos parte de lo invertido. Además, Cacciola adelantó que ya hay empresas interesadas en la licitación del FFCC Belgrano Cargas en Catamarca. Se trata de empresas ferroviarias, dijo el presidente de CAEM, y deslizó a Infobae que se trata de empresas “del continente americano”.

Fuente: telam

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