>Fue un miércoles de mediados de agosto de 2005. Un joven de 15 años, que llevaba una kipá en la cabeza, salió de la estación de subte Congreso de Tucumán, de la línea D, cuando otros tres adolescentes —uno de 16 y dos de 17— empezaron a perseguirlo, lo empujaron y lo insultaron con frases antisemitas. Mientras lo hostigaban, el chico logró alejarse y se refugió en un comercio. Cinco días más tarde, en una resolución inédita, el juez federal porteño Daniel Rafecas dispuso que los tres agresores hicieran una visita guiada al Veinte años después de aquel episodio, la postal de ese chico corriendo con temor a ser atacado por su condición de judío se trasladó a un nuevo escenario: las redes sociales. De acuerdo con el último informe de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en 2024, los hechos de antisemitismo crecieron un 15% respecto de 2023. Además, dos de cada tres ocurrieron en el ámbito digital. “Las redes sociales han amplificado los discursos de odio. Lo que antes se decía en voz baja, ahora se grita desde una pantalla y se vuelve viral en segundos. Por eso, hoy más que nunca, la memoria y la educación no son solo herramientas del pasado: son un deber del presente y una esperanza para el futuro”, aseguró el presidente de la Institución, Mauro Berenstein, en el informe.

Cuando el caso llegó a su despacho, Rafecas se enfrentó con un dilema porque los agresores eran menores de edad. La clave —dice ahora— estuvo en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), incorporada a la Constitución Nacional en 1994. “Esa norma nos obliga a los jueces a darle siempre prioridad al interés de los menores. Procesarlos y que les quedara un antecedente penal, hubiera sido muy negativo para su presente y para su futuro. Eran adolescentes que ignoraban por completo en qué se habían embarcado”, explica.

La resolución que tomó fue inédita: trasladó el juzgado al Museo del Holocausto de Buenos Aires y convocó a los agresores junto a sus padres. Rafecas conocía bien el lugar: era consejero académico de la institución y, como profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, solía llevar allí a sus alumnos. Esa vez lo hizo como juez, acompañado por la directora del museo, Graciela Jinich, y con un objetivo claro: que la sanción fuera reparadora para todos. “En ese momento yo tenía un rol muy activo en el museo y me parecía que era el ámbito adecuado para darle una solución creativa o alternativa al procesamiento”, explica.