Domingo 14 de Septiembre de 2025

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14/09/2025

El régimen chino avanza sobre la minería ecuatoriana en medio de denuncias ambientales y desalojos en territorios indígenas

Fuente: telam

En los últimos años empresas del gigante asiático tomaron el control de proyectos estratégicos de cobre y expandieron su presencia en oro

>La minería metálica en Según cifras oficiales del Banco Central, en 2024 las exportaciones mineras cerraron el último trimestre en USD 667 millones, mientras que en el primer trimestre de 2025 llegaron a USD 836 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 10,7%. Entre enero y mayo de 2025, el sector ya había generado USD 1.506 millones en ventas al exterior, equivalente al 12,5% de las exportaciones no petroleras. Este salto, con un alza superior al 30% frente al año anterior, demuestra el peso creciente de la minería en la balanza comercial del país.

La mina Fruta del Norte, operada por la canadiense Lundin Gold, se mantiene como el emblema aurífero ecuatoriano y alcanzó en 2024 un récord de producción de 502.029 onzas de oro. En el cobre, Mirador —administrado por Ecuacorriente S.A., filial del consorcio chino CRCC-Tongguan— es la punta de lanza que consolidó a Ecuador como exportador desde 2019. En paralelo, proyectos como Cascabel, en Imbabura, y Cangrejos, en El Oro, avanzan en etapas de inversión y financiamiento.

Cascabel aseguró en 2024 recursos por USD 750 millones vía contratos de streaming con Franco-Nevada y Osisko, y en 2025 Jiangxi Copper, la mayor productora estatal china de cobre, incrementó su participación accionaria. Ese mismo año, la multinacional China Molybdenum (CMOC) compró Lumina Gold, dueña de Cangrejos, por unos USD 421 millones. Estos movimientos confirman que la presencia china no solo se concentra en Mirador, sino que se expande a nuevos proyectos estratégicos.

El gobierno de Daniel Noboa decidió en junio de 2025 reabrir el catastro minero, cerrado por más de siete años. La medida busca ordenar el sector y limitar el avance de la minería ilegal, que opera en 18 de las 24 provincias del país. Sin embargo, la decisión generó críticas de comunidades indígenas y grupos ambientales, que cuestionan la falta de garantías para el cumplimiento de consultas previas y estándares ambientales antes de expandir nuevas concesiones. La discusión refleja la tensión entre las necesidades fiscales y de inversión del Estado y la desconfianza ciudadana frente al historial de conflictos.

La huella china en el mapa minero ecuatoriano es cada vez más visible. Mirador y Panantza-San Carlos, ambos en la Cordillera del Cóndor, fueron adquiridos a inicios de la década pasada por CRCC-Tongguan.

Diversos informes académicos y técnicos han documentado desalojos, cuestionamientos a licencias y debilitamiento de salvaguardas sociales en estas zonas, particularmente en territorios de la nacionalidad Shuar. En 2016, la comunidad de Nankints fue desalojada violentamente para dar paso al proyecto Panantza, y hasta hoy organizaciones de derechos humanos recuerdan que sus habitantes no pudieron retornar.

En 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto la licencia ambiental de Panantza-San Carlos por vulnerar el derecho a la consulta previa de la nacionalidad Shuar Arutam. El mensaje fue claro: sin participación real y sin respeto a los pueblos originarios, no hay viabilidad legal ni social para los megaproyectos.

Más allá de las sentencias, los testimonios locales señalan un patrón de actuación problemático en las inversiones chinas: presión para acelerar obras, consultas superficiales y compensaciones insuficientes. El riesgo, advierten organizaciones comunitarias, es que estas prácticas erosionen la confianza en el Estado y agraven la conflictividad social.

Ecuador cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos ambientales y colectivos. La Constitución de 2008 reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y la Corte Constitucional ha emitido fallos de referencia, como los casos Sinangoe y Los Cedros. Más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado ecuatoriano por permitir actividades extractivas en zonas intangibles de los Tagaeri y Taromenane, pueblos en aislamiento voluntario, obligando a ajustes estructurales en las políticas de control. Estas decisiones marcan un estándar elevado que debería ser exigido a toda empresa, independientemente de su origen.

La minería ilegal, por su parte, constituye otra emergencia ambiental y de seguridad. Entre 2017 y 2024, estudios satelitales registraron más de 1.700 hectáreas destruidas por la extracción de oro ilegal en la Amazonía, particularmente en Napo. En julio de 2024, análisis clínicos hallaron presencia de metales pesados en sangre de pobladores kichwa, asociados a la contaminación minera. La violencia también escala: en mayo de 2025 once militares fueron asesinados en Orellana durante un operativo contra minería ilegal, hecho atribuido a disidencias armadas vinculadas al oro.

Además, como lo reportó Infobae, en tiempos de crisis económica y política, el oro se convierte no solo en un refugio financiero, sino también en una El vecino Perú ofrece ejemplos de prácticas replicables. Desde 2011 aplica la Ley 29785 de consulta previa, que obliga a negociar con comunidades indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus territorios.

En materia ambiental, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha demostrado capacidad sancionadora, mientras proyectos como Quellaveco operan con energía 100% renovable y sistemas de tratamiento de agua y relaves más sofisticados.

En Perú, el sector proveedor de maquinaria, repuestos y servicios auxiliares para minería ha mostrado un crecimiento notable, lo que refuerza su interés por Ecuador como nuevo mercado. Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), las exportaciones de maquinaria minera peruana superaron los USD 1.250 millones recientemente, con empresas como Resemin S.A. (USD 170 millones) y Ferreyros Sociedad Anónima (USD 110 millones) liderando los envíos.

En Expominas Quito-2025, la delegación peruana presentó ofertas de equipos que incluyen bombas para transporte de pulpa, maquinaria pesada para movimiento de tierra, accesorios de seguridad vehicular y servicios de mantenimiento especializado, como parte de su estrategia de internacionalizar su cadena de valor minera.

El avance chino en la minería ecuatoriana refleja la tensión entre la urgencia económica y la fragilidad institucional del país. Con un subsuelo rico en cobre y oro, Ecuador se presenta como una plaza atractiva para las inversiones, pero la experiencia de Mirador y Panantza demuestra que sin respeto a la consulta previa, sin estándares ambientales verificables y sin beneficios tangibles para las comunidades, la minería se convierte en un factor de conflicto bajo esas condiciones.

Fuente: telam

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