>(Desde San Pablo) Mientras el Tribunal Supremo Federal (STF) continúa con el juicio iniciado el lunes contra el ex presidente Jair Bolsonaro y otras siete personas, entre ellas antiguos ministros y generales, acusados de intento de golpe de Estado, en el Congreso brasileño está creciendo en estas horas un movimiento político para aprobar una ley de amnistía que favorezca tanto a los manifestantes involucrados en los saqueos de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023, como al propio Bolsonaro.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, del Partido Republicanos, habría confiado a miembros del Gobierno que, si se dan los números y un “clima favorable”, no podrá impedir la votación. La mayoría simple necesaria ya estaría disponible, y el llamado centrão, el centro, solo estaría esperando el momento más oportuno para evitar un enfrentamiento directo con el STF. La discusión más delicada se refiere al alcance de la medida. El ala radical, representada por Eduardo Bolsonaro, presiona para que se apruebe una amnistía “amplia, general e irrestricta”, que podría incluir no solo a quienes participaron materialmente en los actos del 8 de enero, sino también a quienes los instigaron, hasta el propio Bolsonaro, con la posibilidad de anular su inelegibilidad y permitirle así presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. El centro, sin embargo, defiende una versión más “calibrada” del texto, limitando su alcance para garantizar un mayor consenso político. La idea es conceder una amnistía con la condición, sin embargo, de que Bolsonaro u otro miembro de su familia se retire formalmente de una futura candidatura a las presidenciales de 2026. También en el Senado el ambiente es favorable a la amnistía, pero con matices diferentes. El presidente Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, ha declarado que quiere presentar y votar un texto alternativo al que apoyan los bolsonaristas.